La 'luna de miel’ en la que vivían hasta hace poco más de un mes el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV de Íñigo Urkullu queda en el pasado y la relación, que tan cercana parecía tras el acuerdo del ‘Cupo vasco’, ha quedado seriamente tocada a raíz del incremento de tensión política por Cataluña. El apoyo de los nacionalistas vascos al referéndum catalán y su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución resquebrajaron la principal baza del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales de 2018 y comprometen la estabilidad de la legislatura.
La última confrontación, este mismo sábado tras la aprobación en el Consejo de Ministros de las medidas para que el Gobierno asuma las competencias de la Generalitat de Cataluña. El lehendakari ha denunciado que el Gobierno va a aplicar el 155 “en su versión más extrema y de incierta consecuencia” y ha dicho que esto “no va a resolver el problema”, sino que “dinamita los puentes, genera más tensión y fractura”.
El Ejecutivo no ha contado, por tanto, con el apoyo de los nacionalistas vascos en la Mesa del Senado para poner en marcha estas medidas. Un apoyo que, por otra parte, no es necesario para llevarlas a cabo, ya que Mariano Rajoy cuenta con el respaldo del PSOE.
Sin embargo, donde sí ha echado de menos los votos del PNV ha sido el Parlamento para apoyar los Presupuestos Generales de 2018. La tensión llevó incluso al PP vasco, hace un mes, a amenazar al PNV con retirarle su apoyo parlamentario al Gobierno Vasco si le dejaba tirado con las cuentas públicas.
En Euskadi la tensión no ha ido a más, ya que los populares tan sólo cuentan en el parlamento regional con nueve escaños
Finalmente, el Gobierno ha tenido que prorrogar los Presupuestos de 2017. Y en Euskadi la tensión no ha ido a más, ya que los populares tan sólo cuentan en el parlamento regional con nueve escaños y podrían arriesgarse a perder representación en las próximas elecciones autonómicas.
Pero el PNV todavía tiene otras aspiraciones para la región y para ello sigue necesitando el apoyo del Ejecutivo, que en mayo firmó con el gobierno regional el acuerdo para el Cupo vasco. Un pacto para cinco años en el que se revisa y rebaja la cantidad que Euskadi paga al Estado (hasta los 950 millones de euros) y establece una cantidad de 1.400 millones a pagar por el Gobierno central para compensar las desavenencias económicas por los importes satisfechos desde 2007.
La firma de aquel acuerdo, que todavía no ha entrado en vigor, supuso el refuerzo de las relaciones entre el Ejecutivo (y el PP) con el PNV. Una relación naturalmente necesaria para ambos, pero que ahora dependerá de la postura que tomen los de Urkullu. Rajoy no se va a echar atrás en sus golpes al secesionismo (tampoco puede), por lo que la baza está ahora en el PNV.
