Por más que los periodistas intentaron ayer sonsacar a Mariano Rajoy y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, qué tendría que pasar para que la intervención de la Generalitat de Cataluña se frene, ninguno quiso responder; y mira que la pregunta se repitió ‘ad Infinitum’: “Y si Puigdemont convoca las elecciones el lunes?”.
Rajoy dio una pista previa al briefing de su número dos, durante la multitudinaria rueda de prensa: “a partir de ahora” eso es competencia del Senado, no del Gobierno.
Si una cosa dejó clara Sáenz de Santamaría es que hemos entrado en un tiempo nuevo y ya no habrá paños calientes.
Una frase suya: “El 155 está en marcha. Los supuestos para su aplicación (desobediencia rebelde) ya se han dado”, revela que mucho tienen que cambiar las cosas para que el Senado suspenda este viernes el inmediato cese de Puigdemont, su gobierno, altos cargos (Trapero en los Mossos y Sanchis en TV3) y hasta asesores de consejerías e interinos. Ningún Gobierno hace semejante desgaste político para desdecirse por una vaga promesa de cambio del destinatario de semejante correctivo.
Tanto la vicepresidenta como el Ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, insistieron en que hay que acabar de una vez con la contumacia del independentismo en la “construcción nacional” y que la ley vuelva a imperar en Cataluña.
A lo largo de la semana, el PP y el resto de los grupos, principalmente PSOE y Ciudadanos, con quienes se ha pactado el 155, podrán presentar “enmiendas” en la Comisión de la Cámara Alta que va a redactar el dictamen sobre la base del acuerdo aprobado ayer en Consejo de Ministros; alguna podría pedir incluso una moratoria o garantías de que se ‘suaviza’, por ejemplo no dando sensación de que se ocupan TV3 y los medios públicos de comunicación.
El 155 se activa, conviene no olvidarlo, para frenar la “desobediencia rebelde” de la Generalitat a las resoluciones del Tribunal Constitucional
Pero lo que va a determinar el devenir de todo el “proceso”, como lo denominó ayer La Moncloa, es si hay Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Según diversas fuentes populares y socialistas consultadas por Vozpópuli, no se aceptaría “de ninguna manera”.
De hecho, la vicepresidenta advirtió que, si se da ese supuesto, la DUI se añadiría al expediente de puesta en marcha del 155 o se respondería con “otros” mecanismos, en clara alusión al artículo 116 de la Constitución que faculta al Gobierno a declarar el Estado de alarma, excepción o sitio.
Ahora, si no hay DUI, y Puigdemont se limita a convocar elecciones autonómicas -aunque las llame “constituyentes”-, el panorama cambiaría hasta penalmente para él y los suyos.
Porque el 155 se activa, conviene no olvidarlo, para frenar la “desobediencia rebelde” de la Generalitat a las resoluciones del Tribunal Constitucional, como dice el Gobierno en su exposición de motivos. Y la Fiscalía está preparando una querella por rebelión, penada hasta con 30 años de cárcel por si hay declaración de independencia.
Sáenz de Santamaría insistió en que no iba a responder a ningún “y si Puigdemont...” porque en este asunto el orden de los factores sí altera el producto
En ese supuesto, tanto el Ejecutivo como sus socios, Ciudadanos y el PSOE, sobre todo este último, que está muy incómodo con un 155 al que el propio Pedro Sánchez se ha venido oponiendo hasta hace apenas unos meses, presionarán para suspenderlo todo.
Ayer, Sáenz de Santamaría insistió en que no iba a responder a ningún “y si Puigdemont...” porque en este asunto el orden de los factores sí altera el producto.
Rajoy ha apretado el botón nuclear en espera de que el independentismo, temeroso de ser desalojado del poder, ceda; y éste, a su vez, va a presionar al PSOE, el eslabón más débil de la coalición gubernamental por el 155, para que se descuelgue cuando antes presionado por el PSC.
