La Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, permite ocultar informaciones. La Mesa del Congreso de los diputados aprobó el pasado martes desbloquear la proposición de reforma de la Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV para levantar el el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en caso de materias reservadas. Los 'populares' abogan por crear dos clasificaciones más: la información confidencial y la limitada.
Sin embargo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acusó tanto al PP como al PSOE y Ciudadanos de pretender promover el "oscurantismo" con sus más de cuarenta enmiendas. Esteban criticó especialmente las del PP, a las que califico de "gatopardianas". "Cambiar para no cambiar nada", defendió. El jefe del Ejecutivo, por su parte, abogó por abordar la reforma con el máximo consenso posible. "Es una materia "muy delicada que afecta a la defensa y seguridad de las personas", recordó.
Una de las claves es quién puede ordenar la clasificación de las informaciones. Para los nacionalistas vascos no tiene sentido que como defiende el PP se nombre autoridad delegada de la información clasificada al director del CNI. Es como "poner al zorro a cuidar del gallinero". Su propuesta pasa por que sólo el Consejo de Ministros tenga la competencia. Hasta ahora pueden clasificar información los jefes del Estado mayor, los gobernadores civiles o capitanes generales de las regiones militares, entre otros.
Respecto a las enmiendas de los otros partidos advirtió que buscan alargar su clasificación, ya que no contemplan que se desclasifique de manera automática una vez que se hayan cumplido los plazos.
La ley de secretos oficiales es un gran obstáculo para los historiadores. Se da la paradoja de que muchos investigadores deben viajar al extranjero para conseguir documentos que aquí están clasificados.
Por su parte Unidos Podemos propone que no se puedan clasificar informaciones que sean "esenciales" para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos. Y abogan por que la clasificación se pueda impugnar ante el Tribunal Supremo.
