La misma cantinela de los presupuestos. Moncloa, ante su incapacidad para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas en el Congreso -las vigentes son una prórroga de las de 2023-, amenaza de nuevo a las comunidades gobernadas por el PP: si no se aprueba el techo de gasto que ha presentado de nuevo este martes, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos se verán obligados a hacer un "ajuste" al disponer de 11.500 millones menos. El Gobierno, no obstante, va a presentar las cuentas con esta senda o con la senda anterior. Los plazos son una incógnita.

"Es inútil que el PP piense que sin aprobar la agenda de déficit, el Gobierno no va a poder presentar los presupuestos. ¿El PP quiere obligar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos a hacer un ajuste o les va a permitir mayor capacidad de gasto? Espero que en Génova se instale un mínimo de sentido común y cordura", ha ahondado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Ejecutivo, que lleva semanas preparándose para una prórroga de las cuentas, advierte de que si no logra aprobar el techo de gasto, las comunidades y los ayuntamientos van a perder capacidad de gasto. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la misma senda de estabilidad que tumbó Junts este verano y que se compromete a reducir el déficit público al 2,5% del PIB en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027; mientras que proyecta ir recortando la deuda pública desde el 105,1% en que se prevé que cierre este año hasta el 103,6% en 2025, el 101,7% en 2026 y el 99,7% en 2027.

"Lo sorprendente es que algunos piensen que es mejor quedarse con una agenda que sí pide esfuerzo a otra que no [en referencia a la vigente]. ¿Qué busca el que vota que 'no'?. Me refiero al PP, que gobierna en la gran mayoría de Comunidades Autónomas. ¿Por qué el PP perjudica a los territorios por garantizar que el gobierno no aprueba nada. Ellos mismos se hacen daño", ha insistido Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para el Gobierno, en cualquier caso, no supondría drama alguno prorrogar otra vez los presupuestos del ejercicio 2023. Moncloa cree que son lo suficientemente expansivos. De manera que las ven como una tabla de madera a la que aferrarse en mitad del océano de una legislatura incierta.

Los 11.500 millones de euros, en caso de que el Gobierno se quede sin poder dar luz verde a unas nuevas cuentas, se quedarían sin ejecutar por parte de las CCAA. Moncloa espera que tanto los presidentes autonómicos como los alcaldes del PP presionen a Génova. Y lanza un aviso a navegantes: "Hay que recordar a las comunidades que han vuelto las reglas fiscales. Ahora vamos a las reglas. La ley opera y se les puede pedir un plan de reequilibrio, se puede retener entregas a cuenta...", explican fuentes gubernamentales.

El anhelo de Moncloa es arrastrar de nuevo a los independentistas a la política. Pero Carles Puigdemont no está dispuesto a bajar los brazos. Y cada día que pasa es más factible que deje caer a Sánchez. Aunque en su decisión influirá, inevitablemente, el devenir de la amnistía. En cualquier caso, todo parece indicar que la legislatura seguirá encallada con un bloqueo legislativo importante que ha llevado al Gobierno a sufrir hasta 32 derrotas parlamentarias y aprobar tan solo cinco leyes y siete decretos.

La planta noble de Ferraz salió preocupada tras el toque que les dio Carles Puigdemont tumbando el mes pasado la senda de estabilidad presupuestaria. Poco a poco se extiende el convencimiento de que lo que queda de esta legislatura -tres años- será una auténtica tortura para el PSOE. No porque Puigdemont vaya a derribar a Pedro Sánchez con una moción de censura, sino porque este intentará cocinarle a fuego lento hasta que se vea obligado a convocar nuevas elecciones generales.

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