La información se publicó en el boletín interno del Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos días, según ha sabido Vozpópuli. El Gobierno ha obtenido una de sus victorias internacionales más relevantes contra el independentismo catalán. El Consejo de Europa ha deslegitimado definitivamente la estrategia de los partidos separatistas de convocar un referéndum de independencia utilizando las instituciones catalanas. Y en las nuevas pautas de actuación para la celebración de plebiscitos ha establecido que la Constitución o una Ley nacional que cumpla la Constitución es el único marco legal para amparar un referéndum.
Se trata de un revés durísimo para el independentismo. La regla sugiere que solo un cambio en la Constitución española y una ley ad hoc del Parlamento nacional, que supere los filtros de órganos como el Tribunal Constitucional, permitiría un referéndum sobre la independencia de Cataluña que votasen solo los catalanes. Ni la voluntad, ni las encuestas, ni los resultados de unas elecciones autonómicas, ni una mayoría de escaños son argumentos válidos, a pesar de la retórica separatista.
La Carta Magna, tal y como han interpretado tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado, garantiza que todos los españoles deben participar en una consulta de esa naturaleza, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y no solo en un parte del mismo. Es decir, la modificación introducida por el Consejo de Europa obliga a España a reformar la Constitución para celebrar un referéndum de autodeterminación en cualquiera de las comunidades autónomas. La guía en sí misma no es vinculante, pero las recomendaciones del Consejo de Europa son la base sobre la que se mide la calidad democrática de los países del continente.
Moncloa oculta el éxito de Borrell
La Moncloa ha escondido esta información para no molestar a sus socios. La sorpresa ha sido grande entre un buen puñado de diplomáticos, que leyó con agrado este boletín. "Lo que ha hecho el Consejo de Europa es asumir la posición que siempre ha defendido el Gobierno central en el contencioso con Cataluña", dicen fuentes consultadas por este diario. Otro de los misterios de este silencio es que el indiscutible éxito internacional es atribuible en gran parte a las gestiones de Josep Borrell durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores.
La Comisión de Venecia es la encargada de asistir y aconsejar a los países miembros del Consejo de Europa en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Líderes separatistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras la invocaron sin éxito durante los meses previos al referéndum del 1-O en 2017.
La Comisión ha aprobado recientemente esta nueva Guía para la Celebración de Referéndums, que sustituye al Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums del 2006. Se trata de un documento de extraordinario valor, porque es la guía que se considera acorde a los principios democráticos y valores de Europa y, por lo tanto, un marco de actuación ineludible para todos los países que integran el Consejo.
El texto no menciona el caso catalán en concreto, pero hay numerosas alusiones a los sucesos de octubre del 2017 en esta comunidad. En la introducción, se explica que la nueva guía parte de varias disputas surgidas en los estados. Y recuerda que en algunos de los controvertidos referéndums (sin citar expresamente el 1-O) se vulneró la legalidad al convocar las consultas sin mayorías cualificadas. La Comisión sostiene además que estos referéndums -de nuevo sin mencionar ejemplos- solo buscaban reforzar al poder Ejecutivo y arrinconar al Legislativo.
Referéndum y Constitución
Ante estos antecedentes, el artículo primero del nuevo reglamento formaliza que cualquier referéndum "debe cumplir con el sistema legal en su conjunto". "No se pueden celebrar referéndums sin la Constitución o un estatuto o ley que cumpla la Constitución", dice.
Y añade que incluso si un Parlamento tiene la competencia de convocar un referéndum, la consulta no debe convocarse si incumple el marco constitucional. La Comisión entiende que la Carta Magna es precisamente el garante de los derechos y libertades del conjunto de una sociedad.
El separatismo catalán insiste en la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña. Y ha vuelto a plantear las elecciones autonómicas de febrero como un plebiscito. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en su acuerdo de investidura con ERC a someter a una consulta en Cataluña el hipotético acuerdo que alcance con la Generalitat de Cataluña en una mesa de diálogo. Esta mesa se ha reunido una vez desde el inicio de la legislatura.
