El Ministerio de Hacienda ha rectificado este lunes a bombo y platillo su polémico decreto municipal y permitirá a los ayuntamientos gastar su superávit, tal y como pedían la mayoría de los alcaldes de España. La ministra María Jesús Montero impulsará un nuevo decreto que suspende la regla de gasto para el 2020 y que permite concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018.
El propio Ministerio ha reconocido en un comunicado que este nuevo decreto es un corta y pega de parte de las medidas que estaban recogidas en el decreto que el Congreso tumbó la semana pasada. Montero, por un lado, da la razón al amplio espectro de alcaldes de todas las ideologías que se opusieron al decreto y recupera las medidas que generaron más consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y, por otro, prescinde de la polémica confiscación de los ahorros, los conocidos remanentes. Hacienda calcula el impacto de esta medida en unos 3.000 millones de euros.
Los principales municipios del país han acogido positivamente la rectificación de Montero. Aunque insisten en que es necesario suspender la regla de gasto también para 2021. Montero ha admitido que esa posibilidad está en estudio.
El compromiso de momento, tal y como figuraba en el anterior decreto, es la la prórroga de las inversiones financieramente sostenibles (conocidas por sus siglas IFS) para 2021. Los ayuntamientos, tal y como adelantó Vozpópuli en agosto, alertaron de que estas inversiones decaerían si el Gobierno no sacaba adelante el decreto. Tras la derrota parlamentaria, Montero ha tenido que recuperarlos en otra norma.
Las IFS son de los pocos gastos cargados contra el superávit que se permiten a las entidades locales en la Ley Montoro. Se trata de inversiones que Hacienda autoriza a las administraciones municipales y que deben cumplir algunos requisitos de empleo y sostenibilidad, entre otros criterios.
