El Parlament de Cataluña que se constituirá el próximo 17 de enero comenzará su legislatura con 25 conflictos abiertos en el Tribunal Constitucional (TC), 16 de ellos contra leyes catalanas y la mayoría impulsados por el Gobierno central, según ha informado Europa Press tras recoger un informe de la Mesa de la Diputación Permanente aprobado el pasado 15 de noviembre.
Entre los recursos impulsados por el Gobierno central sobresalen la ley de transitoriedad jurídica, la Agencia de Protección Social, el impuesto de bienes de lujo y varios artículos de la ley para afrontar la pobreza energética.
El Partido Popular asimismo ha presentado individualmente sendos recursos contra la Ley de educación y el Código de Consumo catalán, a la vez que ha presentado otro junto a Ciudadanos contra las partidas de los presupuestos 2017 de la Generalitat, fundamentalmente las destinadas a la organización del 1-O.
A la inversa
Entre los conflictos abiertos también existen tres recursos por el Parlament contra normas estatales (la LOMCE, la ley de Protección Ciudadana y la normativa reguladora de las centrales nucleares) y un cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Ferroviaria.
El citado informe además cifra en 83 el número de cargos pendientes de negociación, incluidos el Consell de Garanties Estatutàries, el nuevo director de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el presidente del Consell de Govern de la Coroporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y el presidente de la Agència Catalana de Protecció Social. Esta última, de todas formas, fue creada al amparo de la 'Ley de Desconexión' que se encuentra ahora impugnada por el Tribunal Constitucional.
