El nuevo relato de Francina Armengol y sus altos cargos es clave para sostener por qué se tardaron tres años en reclamar a Soluciones de gestión -la empresa de la trama Koldo- y también por qué se avaló a la compañía para acceder a más contratos públicos pese a incumplir lo estipulado (las mascarillas que trajo no eran FFP2). El movimiento es sencillo: decir que las mascarillas se compraron para uso civil y no sanitario. Sin embargo, la estrategia de la presidenta del Congreso de los Diputados choca de lleno con la propia normativa del Gobierno de Sánchez sobre mascarillas.
Las mascarillas de Soluciones de gestión llegaron a Baleares sin marcado CE (el certificado de la Unión Europea). Una posibilidad que la resolución del Ministerio de Industria que regulaba los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria solo permitía en dos casos concretos, y ninguno se corresponde con un uso civil de este material sanitario.
La norma establecía que los EPI comprados sin marcado CE I "solo" podían "ser suministrados al personal sanitario durante la crisis sanitaria en curso y no podrán entrar en los canales habituales de distribución al público".
El segundo escenario contemplaba la posibilidad de adquirir estos EPI sin CE ofreciendo una "autorización temporal" a la compañía en cuestión siempre y cuando garantizasen "un nivel adecuado de salud y seguridad de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la UE".
Esta autorización temporal, requisito imprescindible para que las EPI compradas a Soluciones de gestión pudieran ser distribuidas a la población civil, nunca fue expedida por el Gobierno balear. Por tanto, si realmente el Gobierno de Armengol había comprado las mascarillas con fines civiles -en contra de lo que apuntan los documentos publicados en exclusiva por Vozpópuli y que han derivado en una denuncia en el Tribunal Supremo contra la expresidenta balear-, habría incumplido la resolución del Ministerio de Industria.
Esta semana tuvo lugar la Comisión de investigación de Koldo en Baleares, donde intervino Antoni Mascaró, ex subdirector de Compras y Logística del Ib-Salut y la persona que firmó el aval a Soluciones de gestión para acceder a más contratos públicos. Mascaró defendió también la versión de que las mascarillas eran de uso civil, pero la portavoz de Vox, Patricia de las Heras, sacó a colación esta contradicción legal. El ex alto cargo del Ib-Salut fue incapaz de responder a este incumplimiento normativo.
"Han creado una mentira e insisten en mantenerla hasta el final", apunta De las Heras en declaraciones a Vozpópuli. "Se adquirieron EPI sin marcado comunitario bajo el primer escenario que contempla la resolución, es decir, compra pública para uso sanitario. Sin embargo, como el análisis esclareció que las mascarillas no cumplían los requisitos de calidad, y no efectuaron ningún tipo de reclamación, ahora venden que el destino era la población civil cuando ello no se desprende de ningún punto del extenso expediente, y además, para este destino la resolución de industria exigía que la empresa (en este caso Soluciones de Gestión) dispusiese de autorización temporal para comercializar en España -y no la tenía-".
La diputada balear de Vox concluye que "se han inventado una versión en cuanto al uso y en este caso no se cumplían los requisitos y por tanto la compra no era viable ni jurídica ni técnicamente para forzar la compra sabiendo que las mascarillas no eran lo que se habían autorizado a comprar".
El correo electrónico de Mascaró
El diputado del PP, José Luis Mateo, puso sobre la mesa en la Comisión un correo electrónico del propio Mascaró del 9 de junio en el que el alto cargo se lamenta de que los análisis del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) determinasen que las mascarillas no fuesen FFP2. "Como ya preveíamos las mascarillas civiles del avión de fomento que llevamos a Son Dureta son eso, civiles. Lástima, hubiese sido un puntazo que algunos de los 4 modelos hubiera sido válido como FFP2", apunta Mascaró en el email al que ha accedido Vozpópuli. Mascaró solo explicó al respecto en sede parlamentaria que era una forma de ponerse en todos los escenarios posibles.
El ex alto cargo de Armengol también afirmó que los avales que concedía el Gobierno baler para habilitar a una empresa a participar en concursos públicos se procesaban de manera "automática" previa solicitud de la compañía.
Mascaró se contradice con Armengol al afirmar que "no faltaban mascarillas para los trabajadores sanitarios". Es más, ha llegado a afirmar que contaban con un stock en este sentido. En cambio, tanto Armengol como Manuel Palomino, ex director general del Ib-Salut, subrayaron en sus intervenciones en la Comisión de investigación del Congreso que la situación de escasez de material en Baleares era acuciante en el momento de contratar a Soluciones de gestión. La expresidenta balear llegó a decir que el Ministerio de Sanidad le enviaba una cantidad de mascarillas muy inferior a la necesitada. Algo de lo que se quejó en el Consejo Interterritorial. Esta escasez habría motivado a Palomino a contactar con Koldo García para conseguir más mascarillas. Muchas versiones contradictorias y un nuevo relato -el de las mascarillas de uso civil- que no se sostiene ni con los documentos ni con la ley delante.
Sevilla
Vaya pintas la tercera autoridad del Estado.
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"roma No Paga Atraidores", Pancatalanista Armengol