El Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido como un hito la mesa de negociación con la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo socialista sostiene que este diálogo pone fin a la estrategia del avestruz de Mariano Rajoy. Y que la mesa es un instrumento no sólo de resolución del “conflicto político”, sino también una manera de reconocerse y cerrar heridas incluso afectivas.
Pero la estrategia de Sánchez no dista mucho de la que intentó Rajoy desde el estallido independentista en Cataluña. El Gobierno del PP lo llamó operación diálogo y se extendió hasta los albores del golpe separatista en los llamados plenos de la desconexión de los días 6 y 7 de septiembre del 2017. El resultado fue el inconformismo separatista, incapaz de ceder un ápice en la consecución de la independencia de Cataluña
Es cierto que Sánchez ha adornado el diálogo de un protocolo sin precedentes para agasajar a los dirigentes independentistas. Existe una mesa de gobiernos. Y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue recibido en La Moncloa con honores más propios de un jefe de Estado que de un presidente autonómico.
La operación diálogo del PP
El fondo es sin embargo muy similar a lo que intentó Soraya Sáenz de Santamaría. La comunicación de la entonces vicepresidenta con Oriol Junqueras era constante y fluido. El Gobierno del PP toleró algunas resoluciones parlamentarias en los márgenes de la Constitución. Y se hicieron guiños económicos muy significativos a Cataluña.
Rajoy comprometió 4.200 millones para un plan de infraestructuras. Carles Puigdemont trasladó al Gobierno un documento con 46 demandas. El Gobierno del PP respondió a todas, menos a una: el referéndum.
El texto de Puigdemont recogía supuestos incumplimientos del Gobierno central en materia de transferencias, inversión o infraestructuras. Sánchez ha tomado prestado buena parte del documento y lo rebautizado como agenda para el reencuentro. Según el presidente, se trata de un punto de partido inmejorable para reconducir la crisis catalana.
El problema es que la agenda separatista no ha variado. El objetivo es el derecho de autodeterminación. Es decir, el referéndum de independencia legal y pactado. Rajoy se negó a ceder un solo milímetro. Puigdemont y Junqueras actuaron de forma unilateral ante un Gobierno noqueado, que nunca llegó a creer que los gobernantes catalanes llegarían tan lejos.
Consulta en la "seguridad jurídica"
Sánchez, sin embargo, ha ido un paso más allá. La debilidad de su Gobierno de coalición con Unidas Podemos le hace depender de nacionalistas e independentistas para tirar la legislatura hacia delante. El acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC recoge la celebración de una consulta en Cataluña sobre el hipotético acuerdo que se alcance.
Las elecciones en Cataluña, previstas para este año, genera incertidumbre. Sobre la mesa, está la posibilidad de que se rompa la coalición de partidos independentistas que ha gobernado la Generalitat en los últimos años. El tripartito ERC, PSC y Comunes es una posibilidad muy cierta y puede marcar el futuro de esta mesa, que se reunirá mensualmente entre Madrid y Barcelona.
Sánchez y Torra acordaron en este primer encuentro que cualquier solución se enmarque en la "seguridad jurídica". Una expresión que omite deliberadamente a la Constitución como línea roja y que abre la puerta a lo que el Gobierno denomina "fórmulas imaginativas".
