La nueva ley de Educación no ha llegado todavía al Congreso, pero la oposición ya prepara una lluvia de enmiendas. No son pocas las veces que la ministra Isabel Celaá ha llamado al consenso, pero a tenor de las posturas de los distintos grupos parlamentarios, lo cierto es que la octava reforma educativa nace sin acuerdo. La titular de Educación invita a presentar enmiendas para "mejorar" la nueva normativa.
El texto es el mismo que se presentó hace un año y ha levantado ampollas similares entre los partidos de la oposición. El PP presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.
El documento de los populares se basará en un decálogo que incluye garantizar la libertad de elección de las familias para elegir centro educativo y la enseñanza en castellano, no del castellano. "Que se utilicen las lenguas vehiculares de las comunidades autónomas, pero nunca en detrimento de la lengua común", instan.
Que se utilicen las lenguas vehiculares de las comunidades autónomas, pero nunca en detrimento de la lengua común", instan en el PP
Ciudadanos cocina otra de devolución porque, a su parecer, el Gobierno "presenta una ley rodillo que no ha sido consensuada ni con las CCAA ni con la comunidad educativa ni con el resto de grupos políticos".
"Celaá está haciendo a Wert campeón del consenso y el diálogo. Si la LOMCE nos ha traído a este barro, imagínense dónde nos va a llevar esta ley. Y lo peor es que se juega con los niños", dice a Vozpópuli la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín.
La diputada critica además que "en un ejercicio de irresponsabilidad inmenso, ni siquiera se han vuelto a pedir los informes que dan garantías jurídicas a una norma tan importante". La formación naranja también prepara una serie de enmiendas parciales.
Se refiere Martín a los informes del Pleno del Consejo Escolar de Estado, del Consejo de Estado y de las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial. Sin embargo, estos ya aprobaron un informe sobre su anteproyecto y, según la ministra, no es obligatorio porque es el mismo texto.
El 'truco' para acelerar el trámite
La propia Celaá ha anunciado que el Gobierno presentará enmiendas a su propia ley. También lo hará su socio de gobierno Unidas Podemos. Ambas fuerzas acordaron dejar de subvencionar a los centros escolares que separan a los alumnos por sexo. Sin embargo, tal y como adelantó Vozpópuli, la normativa aprobada este martes no incluye la eliminación de las ayudas a este modelo que habían pactado.
¿Por qué no aborda esta medida si ambas formaciones estaban de acuerdo? Tiene su explicación. De haberse modificado sustancialmente el texto del año pasado, este habría requerido nuevos informes consultivos y el tiempo se hubiese dilatado mucho más.
"Como con otras leyes, se ha optado por acelerar los plazos para que la ley salga lo antes que se pueda, estando de acuerdo ambas partes en que se pueda mejorar mediante enmiendas en el trámite parlamentario", reconoció el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique.
Mientras tanto, Celaá ya advertido que se concertará "preferentemente" a los colegios que no separen por sexo. Algo que ha provocado el recelo de la concertada y de la oposición. Vox aún no ha desvelado de qué forma tratará de frenar la ley educativa del Gobierno, pero sí se ha manifestado en contra.
Críticas de CECE y Concapa
Según la formación liderada por Santiago Abascal, la llamada 'ley Celaá' busca "acabar con la meritocracia, con los colegios concertados, con la educación diferenciada y con los centros para alumnos con necesidades especiales".
"El Gobierno aprobará una ley educativa que ataca frontalmente el derecho de los padres a elegir en libertad la educación de sus hijos", alertan desde Vox.
Desde el PP aseguran que apuestan por "una buena ley educativa, fruto del consenso, frente a la contrarreforma que plantea el PSOE sin dialogar con el PP ni solicitar informes al Consejo de Estado". "Les corre mucha prisa contentar, una vez más, a sus socios comunistas, a los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos", critican.
La mayor parte del contenido de la nueva norma educativa del Gobierno sí cuenta con el apoyo de la formación morada y con el de otros socios de investidura.
También tiene el visto bueno de los sindicatos, excepto Csif. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), denunció que "el texto recorta los derechos de las familias, cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones, lo cual supondrá una pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a la concertada".
El presidente nacional de Concapa, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley que considera "impuesta". "No ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión y se pone en riesgo la continuidad de
concierto educativo", ha criticado.
