La Federación de Asociaciones de Madres y Padres 'Educación y Familias', que reúne a las Ampas de colegios católicos de Madrid, ha enviado una carta a la comisaria europea de Educación, Mariya Gabriel, para denunciar la tramitación "acelerada" en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa -impulsada por la ministra Isabel Celaá- en un contexto de estado de alarma.
La misiva está firmada por el presidente de la entidad, José Luis Castellano Rudilla, y tiene como fin poner en conocimiento de la Unión Europea "la situación que el actual Gobierno de España pretende imponernos en materia educativa y social a todos los españoles, aprovechando la situación de estado de alarma con motivo de la pandemia derivada de la extensión del covid-19" por todo el país.
Agradeceremos, dice el texto, cualquier orientación que nos pueda dar respecto a cómo podríamos obtener amparo desde Bruselas.
Denuncian recorte de derechos y libertades
"La singularidad de esta situación es que la reforma legal de la Ley de Educación que se está tramitando aprovechando la inactividad social y parlamentaria impuesta por el Gobierno, no implica tan solo la imposición de un modelo educativo ideológico y sectario que solo atiende las demandas de una parte de la sociedad (no la mayoría), sino que cimenta las bases de un cambio social e ideológico que finalmente redundará en un recorte de los derechos y libertades de los que, en democracia, hemos conseguido dotarnos en nuestro país", advierte la federación.
Según estas asociaciones, el Ejecutivo está intentando llevar al país "hacia un modelo que excluye a una parte muy importante de nuestra sociedad basándose únicamente en planteamientos de ideología política y funcionando de manera que se silencie a los que no comparten su misma doctrina".
"Si no se nos ayuda desde la Unión Europea, estas maneras de actuar podrían modificar la propia configuración de la UE. Lo anterior destaca sólo lo más grave del proyecto legislativo del gobierno, sin entrar en las desigualdades y discriminaciones que impone a los alumnos que estudian en nuestro país", dice el texto.
"El Gobierno silencia la oposición a sus proyectos"
"Somos conocedores de que las competencias en materia de educación corresponden a los estados miembros, y por ello no pretendemos que se revise por su organización el contenido del proyecto educativo, que será algo que querríamos debatir en nuestro Parlamento y en las mesas sectoriales correspondientes", reconoce la federación.
Precisamente, continúan, lo que sí queremos es denunciar cómo desde el Gobierno se está silenciando la oposición a sus proyectos y muy en especial en relación al proyecto de Ley de reforma educativa. "Se está abocando a la sociedad española a un conflicto, ante la imposición unilateral de una reforma educativa que pretende eliminar asignaturas básicas, modelos de centros educativos y que perjudicará a los alumnos en general y a los más necesitados de apoyo en particular", zanjan.
