El Congreso de los Diputados funciona a dos velocidades durante el estado de alarma. Los socialistas no conceden algunas prórrogas para tramitar la ley educativa, pero sí estiran el calendario cuando se trata de dilatar la comparecencia de Rosa María Mateo en la Comisión de control parlamentario de RTVE.
Con una comunidad educativa dividida ante las directrices del Ministerio de Educación para el fin de curso escolar y sumida en la incertidumbre con respecto al próximo curso, la Ley de Educación (Lomloe) impulsada por la ministra Isabel Celaá seguirá su trámite parlamentario en la Cámara Baja durante el estado de alarma.
Los partidos de la oposición y diversas fuentes del sector denuncian "precipitación" a la hora de despachar el primer proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Este fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado 10 de marzo.
Defienden que la situación actual que atraviesa el país -con 23.521 personas fallecidas; 209.465 contagios y la población confinada- es "motivo suficiente" para no abordar una ley orgánica de tal calado en un momento en el que el Congreso ha reanudado su actividad "con muchas limitaciones".
Desde el Ministerio de Educación alegan que "el Parlamento ha retomado su actividad hace un par de semanas, no solo para la sesión de control al Gobierno, sino también para todo lo demás".
El plazo para presentar enmiendas a la totalidad acabó el pasado 24 de abril. El Grupo Popular y Ciudadanos pidieron prórrogas, pero el PSOE no las concedió. Pese a la negativa, PP, Cs y Vox las presentaron dentro de plazo. Este miércoles 29 de abril acaba el tiempo para presentar las de carácter parcial al articulado.
La comparecencia de Mateo, congelada
Ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista levantan el pie del acelerador en lo que a Educación respecta, pero no ocurre lo mismo con otros asuntos parlamentarios en los que sí se estira el calendario escudándose en la crisis sanitaria. Es el caso de la comparecencia Rosa María Mateo en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.
La Mesa y los Portavoces de la citada Comisión se reunieron el pasado viernes con el objetivo de fijar la fecha de la comparecencia de la administradora única del ente público, pero el presidente de la Comisión de Control de RTVE, Antonio Cosculluela, presentó una propuesta para el aplazamiento de la comparecencia hasta que se resolviese la situación de confinamiento, según explicaron los diputados Macarena Montesinos (PP) y Guillermo Díaz (Cs).
Los parlamentarios indicaron que Mateo solicitó comparecer de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus, pues pertenece a un grupo de riesgo. La solicitud contó con el visto bueno de los letrados. Pese al informe favorable de estos, la propuesta de aplazamiento del PSOE fue sometida a votación y salió adelante con sus votos. El PP votó en contra.
La velocidad en Educación es otra. El ministerio pilotado por Celaá recuerda que el texto de la nueva ley educativa entró en el Congreso el pasado 10 de marzo, tras ser aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros. "Tres días después se cerró el Parlamento por la crisis del Covid-19, aunque eso no supuso que los diputados y diputadas no pudieran seguir desarrollando su trabajo", indican fuentes del departamento.
A la espera de informes sobre la enseñanza a distancia
La diputada de Ciudadanos Marta Martín denuncia que "querer tramitar una ley de educación en una situación de estado de alarma me parece inconcebible". "Es de no tener ni un ápice de empatía ni de sentido común. Lo que tendríamos que estar haciendo es analizar los informes -que no han hecho- sobre cuál ha sido la situación y los resultados de la tele-educación en estas semanas y plantear soluciones para la crisis educativa", defiende.
"Tendríamos que estar reunidos proponiendo soluciones constructivas a la brecha digital o a las desigualdades que está situación ha generado en los niños. Tendrían que convocar a todas las fuerzas y a toda la comunidad educativa para diseñar un plan de desconfinamiento, así como para abordar la elaboración de un 'plan b' por si el curso no puede empezar con normalidad", insiste.
"No comparece la ministra de Educación para dar cuenta de todo esto en la Comisión de Educación ¿y pretende abrir el melón de una ley por lo bajini? A la política se viene a dar soluciones, no a crear problemas. Les pido que recapaciten", plantea Martín.
Fuentes del Ministerio de Educación señalan que la pandemia ha puesto de manifiesto una serie aspectos mejorables del sistema educativo como la digitalización. "Este es uno de los puntos más defendidos por la ley. Lo que se ha visto durante la pandemia es que lo que se defiende en el proyecto es más necesario que nunca", sostienen.
Lluvia de críticas de la concertada y de la especial
Patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada han acusado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de "aprovechar" el coronavirus para "acelerar" su reforma educativa.
La escuela concertada acusa a la ministra Celaá de "aprovechar" la pandemia para "acelerar" su reforma educativa. En un comunicado, la plataforma Concertados advierte que si el Ejecutivo no detiene el proyecto de ley "va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración", porque considera su tramitación "un ejercicio de autoritarismo sin precedentes" en la situación "excepcional" actual.
Además de Escuelas Católicas, la plataforma está integrada por Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) y los sindicatos FSIE y USO.
"No es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la Lomloe, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley", señalan.
Otra de las asociaciones que ha denunciado la tramitación de la ley es la Plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También, formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes.
"Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido", han denunciado.
ANPE tacha de "inconstitucional" la orden de fin de curso
Desde ANPE no entienden la "precipitación y urgencia" para tramitar una ley orgánica "de semejante calado". "En un estado de alarma no se debe tramitar una ley orgánica. Se debería esperar a que se suspenda la alarma y el Congreso recupere su normalidad y podamos comparecer a petición de los grupos", considera Nicolás Fernández, presidente de ANPE.
Cabe recordar que, antes de que el acto educativo se estrellase después de que el PSOE se levantase de la mesa de negociación de la subcomisión creada en el Congreso para abordarlo, pasaron 15 meses de trabajo y hubo hasta 80 comparecientes.
"El proyecto no ha pasado esta vez por el Consejo Escolar de Estado. Si lo que se busca es el consenso, la precipitación no tiene sentido y más cuando solo llevamos 100 días de legislatura y hay una pandemia", opina.
Además, ANPE tachó de "inconstitucional" la orden de Educación con las instrucciones para el fin de curso que permite a las regiones decidir con cuántos suspensos obtener el título. "Un estado de alarma no puede ser la excusa para la vulneración del actual marco normativo, desvirtuando la función docente y atentando contra el principio de igualdad de oportunidades del alumnado", denunció.
CCOO, a favor de su tramitación
Fuentes del sindicato CCOO, en cambio, sí consideran se la orden se ajusta "perfectamente" a los acuerdos mayoritarios de las CCAA de la Conferencia Sectorial del día 15 de marzo. "La decisión final está en el profesorado. Es razonable que sean las juntas de evaluación las que tomen las decisiones sobre la evaluación, promoción de curso y titulación. No es una práctica muy diferente de la que viene sucediendo", defienden.
Desde el sindicato aseguran que hubo "consenso de la mayoría de las comunidades autónomas, quitando algunas gobernadas por el PP": "Habrá que ver si sus regulaciones para finalizar el curso se separan tanto de la orden ministerial o solo era una posición política".
Además, defienden que la Lomloe estaba presentada en el Parlamento "mucho antes de que se produjera el estado de alarma". "La oposición ha instado al Gobierno a recuperar la máxima normalidad en el funcionamiento del Congreso. Hay sesiones de control al Gobierno a propuesta de la oposición. El Parlamento tendrá que seguir funcionando con la máxima normalidad", dice CCOO.
