La capacidad de veto del PP en el Senado gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que él mismo aprobó en 2012 trae de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares ya han anunciado que no apoyaran la nueva senda de déficit y el techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente en su reunión del próximo viernes 24 de agosto.
Se trata de la misma senda que fue tumbada el pasado mes de julio en el Congreso y que sólo recibió el apoyo del PSOE y del PNV. Actualmente, el Gobierno intenta recabar el apoyo de los 67 diputados de Unidos Podemos para forjar una mayoría que le permita aprobar ese techo de gasto y, posteriormente, los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea trasladó al Gobierno el pasado miércoles el documento titulado 'Dejar atrás la austeridad' con una batería de medidas como base para prestar su apoyo en el Congreso. Se sentarán a la mesa "sin líneas rojas", aunque entre esos puntos está la petición de renegociar nuevamente el objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8%.
En la sesión del 27 de julio, los morados se decantaron por la abstención al considerar insuficiente el aumento de 5 décimas que el nuevo Ejecutivo había logrado pactar con las instituciones comunitarias y lo interpretaron precisamente como un guiño al PP para que no tumbase el Acuerdo en el Senado. El Gobierno descarta ir de nuevo a Bruselas, pero cree que hay espacio suficiente para alcanzar un pacto con los morados.
"Vamos a sentarnos con el Gobierno para ver a dónde queremos llegar. Pero antes de poder llegar a ningún sitio, hay que salir de la cárcel donde estamos ahora mismo. Y esa cárcel se llama Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Mientras no salgamos de esa cárcel, el Gobierno está atado de pies y manos", asegura el secretario general del grupo confederal de Unidos Podemos, Txema Guijarro, en una entrevista con Vozpópuli que se publicará íntegra este lunes.
Para derogar la norma, en el partido morado creen posible articular una mayoría parlamentaria como la que hizo triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y fuentes del partido apuntan al procedimiento de urgencia con lectura única, para que el PP no pueda torpedearlo. "Toda negociación en este sentido pasa por reformar y cambiar el marco legislativo en el que nos estamos moviendo actualmente. Si no lo cambiamos, estamos a expensas del PP y estamos haciendo el paripé", apunta Guijarro.
El Ejecutivo es plenamente consciente de la dificultad que entraña para la legislatura el veto de los populares. Aunque la Cámara Alta es un órgano parlamentario de segunda lectura y sin capacidad para vetar leyes, en este caso la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga una capacidad excepcional que no tiene con el resto de normas. De hecho, el artículo 90 de la Constitución establece que "en caso de veto", corresponde al Congreso la última palabra por mayoría simple o por mayoría absoluta. Desde 2004, ha habido varios proyectos de ley de Presupuestos presentados por los socialistas que han recibido el veto del Senado. Aunque después era tumbado por la Cámara Baja.
En Unidos Podemos lo tienen claro y no creen que los populares -que controlan el 60% de los escaños del Senado con un 30% de los votos- vayan a dar su brazo a torcer. "Si no cambia esa ley, lo que le decimos es que vaya a negociar con el Partido Popular, que es el custodio de la llave. No tiene mucho sentido que negocie con nosotros algo que depende del PP", sentencia Guijarro. Es "casi una cuestión de pura lógica y no porque tengamos ese capricho; sino porque en ese marco es imposible negociar nada. Es absurdo", remata.
El problema es que el Gobierno comparte esa misma visión, pero no da el paso. "Nos parece impropio que el Senado tenga la capacidad de vetar una estabilidad que haya sido mayoritariamente aprobada por el Congreso. Esa fue una modificación que hizo el Gobierno del Partido Popular con su mayoría absoluta y si le tengo que manifestar mi opinión, es contraria", dijo el propio presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció el pasado 3 de agosto en Moncloa.
Los socialistas no apoyaron en su día la aprobación de la norma, aunque nunca han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley que pone en el mismo nivel al Congreso y Senado. La ley establece que si cualquiera de las dos cámaras rechaza los objetivos de déficit y deuda pública, el Ejecutivo tiene un mes de plazo para presentar otra senda. A lo largo de los últimos dos meses, desde el Ejecutivo lanzan mensajes distintos acerca de la posibilidad de modificar la norma.
La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró antes del primer varapalo del Congreso que el Gobierno estaba buscando "soluciones" para superar ese veto de los populares. Mientras tanto, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba el pasado domingo en una entrevista con Efe por obligar a que los populares se retraten en la Cámara Alta. "Me gustaría que el PP expresase su negativa a ejercer el veto" porque si Congreso y Senado votan en sentido contrario se "está poniendo al país en una situación compleja". "El PP debería evitar que se tenga que producir ninguna situación de modificación", añadía al ser preguntada por lo que le reclaman desde las filas moradas.
En este sentido, pedía al PP que se replantease la posibilidad de votar una abstención y "reconsiderar esta propuesta que beneficia sobre todo a comunidades autónomas y Seguridad Social". Los números socialistas contemplan un aumento del gasto público de unos 6.000 millones de euros, de los que 2.500 irían a las CC.AA y una cuantía parecida a las arcas de la Seguridad Social. El resto -1.000 millones-, irían a la Administración central del Estado.
La propuesta del Gobierno permitiría a las comunidades tener un objetivo de déficit en 2019 del 0,3 por ciento del PIB y no del 0,1 % como estaba estimado. Una cifra que equivale a unos 2.500 millones más para destinar a sus propias competencias (sanidad, educación), en función de cómo evolucione el PIB. Por tanto, los socialistas podrían intentar trasladar en sus respectivas Comunidades autónomas el mensaje de que los territorios no tienen más dinero porque Pablo Casado no ha querido. Y todo con un ciclo electoral autonómico en ciernes.
