La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga al empresario José Pedro Iglesias Moure por contratar a las empresas del comisario José Manuel Villarejo, según consta en un informe de 14 de abril sobre el comisario Carlos Salamanca, uno de los presuntos integrantes del clan policial mafioso al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el oficio policial, remitido al magistrado que investiga el caso Tándem en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se informa de que Iglesias Moure contrató en diciembre de 2009 a las empresas de Villarejo para "la elaboración de un proyecto de análisis e inteligencia con tareas de información e investigación".
En virtud de este acuerdo, según explica el documento policial, el constructor, que no está imputado, realizó una provisión de fondos inicial de 500.000 euros a las empresas del excomisario, a quién se le acusa de cobrar de forma ilegal por trabajos privados y abusando de su condición de policía.
Regaló un coche
El informe también explica que después de que el empresario Iglesias Moure contratara al clan de Villarejo, este constructor entregó un vehículo al comisario Carlos Salamanca.
"Viene a coincidir con el período temporal en el que José Pedro Iglesias Moure, previa intermediación de Carlos Salamanca (diciembre de 2009), contrata a Villarejo", concluyen los agentes, que recuerdan al instructor que ya habían remitido al instructor otro trabajo policial sobre este contrato desconocido hasta el momento.
José Pedro Iglesias Moure dirige, entre otras, las empresas Consorcio Inmobiliario Mare Nostrum y Millurqui 2003 Invest, que en 2010 solicitó un concurso de acreedores necesario para la compañía cordobesa Prasa, cuyo patrimonio fue investigado por las empresas de Villarejo, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso.
Juzgado de Córdoba
La demanda contra Prasa fue interpuesta en septiembre de 2010, un año después de que Iglesias Moure contratara a Villarejo, en el Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil de Córdoba, y fue admitida a trámite, según informó Europa Press.
Dos empresas demandaron por 17,9 millones de euros a Prasa meses después de que Iglesias Moure contratara a Villarejo
La sociedad Consorcio Inmobiliario Mare Nostrum aseguraba que era titular de un derecho de crédito frente a Prasa por importe de 13,9 millones, mientras que la sociedad Millurqui 2003 Invest afirma ser titular de un derecho de crédito frente a Prasa por valor de cuatro millones.
Esta demanda no ha sido, ni mucho menos, el único problema judicial de Prasa, cuyo presidente, José Romero González, afronta una petición fiscal de cuatro años y seis meses de cárcel por el caso Astapa, que destapó la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. El Ministerio Fiscal considera a Romero González como "autor material" de un presunto delito de fraude en dos convenios urbanísticos.
