Ayer quedó constituida la comisión de investigación sobre Begoña Gómez y la Universidad Complutense que el Gobierno de Díaz Ayuso ha aprobado en la Asamblea de Madrid. Esta fiscalización, cuya primera sesión será el próximo miércoles 13 de noviembre, sentará ante las señorías de la cámara regional a la mujer de Pedro Sánchez y al rector de la UCM, Joaquín Goyache.
En palabras de la propia líder del PP madrileño, los trabajos y conclusiones de esta comisión servirán para evitar que la universidad pública no se convierta "en un lobby que nace en la mesa del presidente del Gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas porque vamos a llegar a la colonización de todo, instituciones y empresas".
Todo ello encarado a "reformar la Universidad allá donde sea necesario y la podamos mejorar y, sobre todo, para respaldar el buen nombre de la Universidad Complutense de Madrid". A nadie se le escapa que el carácter de esta comisión, además del citado, es cercar políticamente a Pedro Sánchez y su entorno.
Sin embargo, al Gobierno de la Comunidad de Madrid le viene que ni pintado que este asunto tome una gran fuerza mediática en su estreno. En términos absolutos, el contribuyente madrileño sufraga más de un 64% del presupuesto total de la Universidad Complutense, lo que se traduce en 400 millones de euros, según datos que comparte el Ejecutivo regional.
El escándalo de la cátedra de Begoña Gómez ha puesto en el disparadero, precisamente, el modo en que la universidad pública administra sus finanzas, además de cómo se gestionan los títulos y másteres, este caso de la Complutense.
Un análisis que hará precisamente la comisión de investigación, y que tiene que servir para hacer una radiografía al completo de cómo está la enseñanza universitaria en la región. Hace unos meses, el Gobierno de Díaz Ayuso presentó la nueva Ley de Universidades que quiere implantar, la cual se encuentra en periodo de consulta previa en la Asamblea de Madrid.
Una que saldrá adelante sin problema, pues la mayoría absoluta del PP le permite abordar este tipo de leyes sin negociación alguna con la oposición. De los muchos asuntos que aborda, algunos polémicos como el régimen sancionador específico que pretende mantener "el orden y el decoro", el punto clave está en el plan de financiación plurianual que Ayuso quiere implantar.
Este se cimenta en un financiamiento básico, revisable cada cinco años, que puede recibir inversiones extra por determinadas necesidades o en pos del cumplimiento de ciertos objetivos. El hecho de que se vaya a aprobar la Ley de Universidades no le ha restado un ápice de protesta o crítica a los decanos y a las formaciones políticas de PSOE y Más Madrid.
A nivel político y de cara a los ciudadanos, la comisión sobre Begoña y la UCM se antoja ideal para exponer los problemas que sufre la universidad pública madrileña, que son muchos y variados, pues es una administración que nada en el océano de la obsolescencia. Una exposición que acelere la aceptación mediática de una norma que ha sido acogida con gran escepticismo entre profesionales y estudiantes.
Una Ley de Universidades profunda
Al margen de la financiación, apartado clave de la Ley de Universidades que aprobará la Asamblea de Madrid en las próximas semanas, el Gobierno de Ayuso quiere dar respuesta a desafíos como la actualización del sistema de investigación y ciencia, la conexión entre Formación Profesional y la Universidad.
Por último, constituirá con esta ley un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que integrará el Consejo Universitario y el de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid.
