El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado este martes un encuentro que, bajo el nombre de Foro Justicia, ha reunido a varios portavoces de la Comisión de Justicia, a fin de debatir sobre los retos y normativas que esperan ser aprobadas implementas y que van dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia en España. Entre los asuntos más sonados sobre el escenario, ha destacado la recta final de la gran reforma de la Justicia, con leyes de amplio calado que no llegaron a aprobarse en la legislatura anterior por la disolución de las Cortes y que se encuentran a las puertas del Senado.
El Ejecutivo de Sánchez tiene trabajo por delante, después de que la convocatoria de elecciones anticipadas desbaratase el calendario legislativo programado. Entre los principales proyectos impulsados desde el ministerio de Félix Bolaños se encuentra el conocido como decreto ómnibus. La tramitación del Real Decreto Ley 6/2023 ha sido utilizada por los socios de Sánchez para la presentación de enmiendas que por su contenido podrían ir dirigidas a asegurar la ley de amnistía, lo que ha provocado el enfado del Partido Popular y Vox.
María Jesús Moro, diputada del PP y portavoz en la Comisión de Justicia, ha aprovechado la cita de este lunes en el ICAM para instar al Ejecutivo a crear consensos y no imponer reformas legislativas de gran calado a la mayoría simple del Parlamento. Este escenario puede volver a repetirse en la Comisión de Justicia, donde sus miembros aún tienen que votar las enmiendas presentadas por Junts con las que se pretende anular los efectos penales de los líderes independentistas relacionados con el 'procés'.
No obstante, la diputada ha querido remarcar, que más allá de la amnistía, las propuestas planteadas por el PSOE en el contexto de la gran reforma de la Justicia cuentan con los mismos ingredientes que las que se defienden desde Génova. El problema, matiza, es utilizar los resquicios parlamentarios para aprobar medidas partidistas de forma desordenada.
"En el diagnóstico general coincidimos, pero los tenemos de forma muy desordenada. Además, para aprobar medidas que puedan ayudar al funcionamiento de la Justicia debemos trabajar en colaboración y colaboración no es imposición. Mientras defienden la Justicia, siguen trabajando con quienes consideran que la Justicia prevarica", ha sentenciado.
Ley del derecho de defensa para mejorar la Justicia en España
Respecto a los proyectos legislativos que encaran la recta final de su tramitación parlamentaria, se ha hablado entre otros a la ley del derecho de defensa o a las reformas de eficiencia procesal y digital, cuya aplicación tendrá un alto impacto tanto en la ciudadanía como en los profesionales jurídicos.
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el portavoz socialista, Joaquín Martínez, ha hecho especial hincapié en la importancia de la misma para "dignifica y proteger la labor de los letrados. En la misma línea el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha recordado las enmiendas presentadas el mes de marzo a todos los grupos parlamentarios para que "la norma atienda realmente a las demandas de la sociedad".
Ha destacado, además, "la necesidad de apuntalar el secreto profesional, ampliando este derecho a la abogacía de empresa, y el amparo colegial, instrumento que garantiza y protege la actuación de la abogacía frente a cualquier interferencia, abuso o coacción". Dicho proyecto es apoyada por la mayoría parlamentaria a excepción de Vox.
Reforma de la LECrim
Por su parte, Ortega Smith ha reprobado al ministro de Justicia el momento elegido para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la instrucción de las causas las asuman los fiscales. "La politización de la Justicia ha llegado a niveles inaceptables a causa del bipartidismo, han utilizado la justicia para sus fines políticos. Por eso no podemos permitir en un momento de politización de la Justicia que la instrucción de los procedimientos penales caiga en manos de la fiscalía", ha comentado.
La reforma de la LECrim ha despertado diversos pareceres en el sedo del Poder Judicial. Entre los fiscales ha propuesta ha sido bienvenida, aunque desde algunas asociaciones se mira con recelo al apuntar a una apariencia de dependencia del órgano que dirige Álvaro García Ortiz con el Ejecutivo.
La gran reforma de la Justicia aún tiene camino por recorrer, ya sea en el Senado por parte de aquellas normas que hayan conseguido pasar el filtro de la Cámara Baja, o aquellas propuestas legislativas que esperan el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y continúan a la espera de la aprobación o decaida de enmiendas.
