El PP pretende salvaguardar el acuerdo alcanzado, vía telefónica, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en defensa de la Constitución y en contra del referéndum que impulsan las fuerzas secesionistas de Cataluña. Los tres principales partidos constitucionalistas de la Cámara, PP, PSOE y Ciudadanos, votarán este jueves en el Congreso en contra de la proposición defendida por el Pdecat, la antigua Convergencia, que pretende instar al Gobierno a 'respetar' la convocatoria del plebiscito anunciado para el 1 de octubre.
Rajoy y Sánchez abordaron esta cuestión en la breve conversación telefónica que tuvo lugar tas la reelección del secretario general del PSOE. En Moncloa se recibió con relativo alivio esta actitud del dirigente socialista, pese a que durante su campaña de las primarias, Sánchez había mostrado cierta comprensión hacia los postulados del 'derecho a decidir' que alientan otras formaciones como soberanistas, como Podemos.
No tiene previsto el presidente del Gobierno un próximo y nuevo encuentro con el líder de los socialistas, según comentan fuentes de la Moncloa. Rajoy dejó la puerta abierta, sin aclarar nada, a esta posibilidad al ser preguntado este miércoles en los pasillos del Congreso.
Jordi Xuclà, el portavoz de los nacionalistas catalanes en Congreso, defendió su propuesta en pro de la consulta secesionista con el argumento de que "la cuestión catalana pasa por un referéndum de autodeterminación, al estilo de lo que se hizo en Quebec y en Escocia", un argumento muy recurrido por parte de los separatistas.
La respuesta de PP, PSOE y Ciudadanos será la del rechazo frontal, al estilo de lo que ocurrió el pasado martes en Lérida cuando los grupos municipales de estas tres formaciones se unieron para rechazar la propuesta de la CUP que reclamaba espacios públicos de titularidad del ayuntamiento para utilizarlos durante la jornada de la consulta. El alcalde Ángel Ros, del PSC, lideró este frente de unidad contra el plebiscito. Una postura que comparte el PSC, que ha dado instrucciones a sus dirigentes municipales para que no colaboren en este tipo de iniciativas.
Lérida, así, se convertía en la primera gran ciudad de Cataluña y primera capital de provincia en plantarle cara abiertamente al proyecto que lidera Carles Puigdemont. En el seno de los socialistas catalanes, este asunto ha provocado profundos debates e incluso escisiones y crisis profundas. Rosa ha dado un paso al frente. "Muy valiente", comentan fuentes del PP regional.
Los titubeos de los socialistas
En Génova se ha tomado buena nota de esta actitud e incluso se habla ya de "la vía de Lérida" como el ejemplo a seguir para, llegado el momento, frenar el plebiscito ahora en fase de preparación. Pedro Sánchez no se pronuncia con claridad meridiana sobre el particular en tanto que algunos de los nuevos dirigentes de su formación muestran un criterio más laxo. Algunos dirigentes populares han conversado sobre el caso leridano con gente del PSOE, para sondear el terreno. "Lo ocurrido en Lérida debería ser aplicable en toda España", señalan.
La opinión más firme y tajante sobre el desafío separatista, la defendió el nuevo secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, en su primera y única intervención como portavoz parlamentario de su grupo. Ábalos se mostró abiertamente en contra del referéndum y del 'derecho a decidir' y mostró una actitud más en línea con los postulados tradicionales del PSOE, al estilo de la "declaración de Granada", federalista y antinacionalista.
Mariano Rajoy pretende que esta alianza de PP, PSOE y Ciudadanos se mantenga firme los próximos meses, cuando cabe suponer que la Generalitat emprenda los pasos más comprometidos al objeto de concretar la celebración del plebiscito. En Génova no se fían de Sánchez, a quien creen capaz de dar cualquier paso con tal de proseguir su marcha hacia la presidencia del Gobierno. "En el PSOE hay gente que lo tiene mucho más claro que él", señalan, con añoranza de Rubalcaba.
"Resultaría muy positivo que esta 'fórmula Lérida' siga viva y en pie en el futuro", comentan estas fuentes, conscientes de que es posible que haya que recurrir a la adopción de medidas firmes que impidan la celebración de la consulta. "Actuarán los jueces, desde luego, y quizás haya que ir más allá. Será entonces cuando el frente constitucionalista deberá ofrecer una imagen sólida y sin titubeos", añaden.
