Cinco más a la lista. Esta semana ha vuelto a aumentar el número de excargos del PP que han sido invitados a sentarse en el banquillo. El juez que investiga la trama Gürtel ha acordado la apertura del juicio oral a 21 personas por las presuntas irregularidades cometidas en Arganda del Rey para defraudar a las entidades públicas de la localidad y a la Sociedad de Fomento. Cinco de los acusados destacan en el auto como exintegrantes del PP de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
Dieciséis años después del primer nombramiento de Aguirre como líder del Gobierno autonómico, varios de sus consejeros han sido citados a declarar como investigados, otros han sido procesados y hasta ahora uno ha sido condenado. Se trata del exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, quien se encuentra recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde tendrá que cumplir 31 años y 9 meses de prisión por su participación en la época uno -1999 y 2005- de la Gürtel.
Ahora, otros cinco excargos de Aguirre podrían acompañar a López Viejo. Los dirigentes populares habrían actuado en conjunto para cometer el presunto fraude. Según ha señalado el magistrado en su auto, los acusados habrían aprovechado su privilegiada posición en las entidades públicas de Arganda del Rey para asegurar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda", en referencia a las sociedades de Francisco Correa y demás empresarios de la Gürtel.
Un alcalde
Entre los procesados destaca Ginés López Rodríguez, quien fuera alcalde de Arganda del Rey durante los períodos 1995-1999 y 2003 y 2009; y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento entre 2003 y 2007. Fue gracias a él -en parte- que las empresas del cabecilla de la Gürtel lograron contratos en el municipio.
El juez ha hecho hincapié en el hecho de que López Rodríguez -junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero- diseñó un complejo plan que se implementó cuidadosamente, alterando el procedimiento de contratación y causando “enormes perjuicios al ente público”.
El exalcalde diseñó un complejo plan para alterar el procedimiento de contratación, lo que causó “enormes perjuicios al ente público”
El Ministerio Fiscal requiere una pena de 17 años de cárcel para el exalcalde de Arganda.
Un concejal
Martín Vasco fue concejal del Ayuntamiento de Arganda del Rey entre 1991 y 2003 y consejero delegado de la Sociedad de Fomento de la localidad entre 2003 y 2005. Destaca en la historia del PP por haber dimitido en 2009 de su cargo de portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Ya en aquel entonces intentaba que su implicación en la Gürtel no perjudicara al partido. Esta semana ha sido procesado por el presunto cobro de comisiones ilegales.
"El concejal recibió directamente contraprestaciones dinerarias y en especie por importe al menos de 363.295 euros"
Según consta en el auto de apertura judicial, el dirigente "recibió directamente -o por conducto de otros miembros de su familia- contraprestaciones dinerarias y en especie (objetos y distintos servicios), por importe al menos de 363.295 euros". El pago, ha detallado el juez De la Mata, se habría producido con "dinero procedente de fondos existentes en la caja B del domicilio central del grupo empresarial de Correa en la calle Serrano 40 de Madrid".
Anticorrupción pide para él 20 años de prisión.
Un director de la Sociedad de Fomento
El tercer diseñador del plan sería Juan Fernández Caballero, director financiero de la Sociedad de Fomento desde 2004; consejero en 2007 y consejero delegado entre 2007 y 2009. Tras las pesquisas del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se concluye que el popular habría cobrado hasta 13.700 euros de la Gürtel.
Fernández Caballero habría cobrado hasta 13.700 euros de la Gürtel
En concreto, recibió dávidas de las empresas del Grupo Correa y de otras empresas en atención a su condición de autoridad en el municipio de Arganda del Rey "para que realizaran en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, todo ello con el expreso fin de conseguir recibir irregular y fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos". Además, "personas vinculadas familiarmente a Fernández Caballero fueron destinatarias de servicios turísticos prestados por Pasadena Viajes SL, los cuales fueron hecho efectivos por Easy Concept Comunication SL", empresas del Grupo Correa.
La Fiscalía pide para Fernández Caballero hasta 29 años de cárcel.
Un jefe de gabinete
El cuarto hombre del PP de Aguirre procesado por las irregularidades en Arganda del Rey ha sido César Tomás Martín Morales. Fue exjefe de gabinete de Alcaldía y exdirector de programación y coordinación del Ayuntamiento. Según consta en el auto de esta semana, actuó favoreciendo la adjudicación irregular de contratos públicos al grupo de sociedades de Correa.
Martín Morales conocía la relación del cabecilla de la Gürtel con las empresas que recibían las adjudicaciones de Arganda del Rey
El juez De la Mata ha recordado en su escrito que Martín Morales conocía la relación del cabecilla de la Gürtel con las empresas que recibían las adjudicaciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey. De hecho, ha puntualizado que según las pesquisas el dirigente habría recibido de Correa "una comisión de 402.000 euros entre 2007 y 2008 por adjudicaciones otorgadas a Teconsa en el municipio de Boadilla del Monte, hechos que son objeto de la pieza separada "Boadilla de este procedimiento" y por los que ya ha sido imputado.
Martín Morales se enfrenta a una petición de cárcel de dos años y medio.
Una exdiputada de la Asamblea de Madrid
La lista de excargos del PP procesados por las irregularidades en los contratos de Arganda del Rey la cierra María Josefa Aguado del Olmo, quien estuvo a cargo de Deportes de la Sociedad de Fomento y además fue diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
En el auto, el juez ha insistido en que Aguado del Olmo, desde la posición pública que ostentaba, colaboró "en los distintos procesos de contratación evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos, autorizando facturas y pagos". La Fiscalía pide para ella una pena de nueve años de prisión.
Según el magistrado, Aguado del Olmo y los otros cuatro excargos "confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido". Los hechos serían constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
