Javier Fernández, como presidente de la gestora socialista y también del Principado, además de Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francina Armengol (Baleares) y Javier Lambán (Aragón), van a hacer todo lo que esté en sus manos para retener el apoyo de Podemos en sus respectivas comunidades y evitar que a la investidura de Mariano Rajoy le siga una cadena de elecciones autonómicas difíciles de afrontar para un partido que se encuentra literalmente descabezado, pilotado por una dirección provisional que no entregará las llaves de Ferraz hasta la celebración, previsiblemente en primavera, del próximo congreso federal.
La prioridad del PSOE es evitar elecciones ante el cisma interno que sufre el partido
El PSOE recibió un aviso muy severo sobre su debilidad el pasado 25 de septiembre en el País Vasco y en Galicia, se recuerda en su grupo parlamentario, y después de facilitar por la vía que finalmente decida la continuidad de Rajoy en el Gobierno, afrontaría un inconveniente grave si tuviera que ir a elecciones por falta de estabilidad política en la media docena de comunidades que preside.
Todos los presidentes citados tienen facultad para disolver las cámaras autonómicas de manera anticipada ya que las reformas estatutarias llevadas a cabo a partir de 2006 incorporaron esta posibilidad en los respectivos estatutos. Hasta esa fecha, solo los presidentes del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, disfrutaban de esta potestad de manera plena. Las últimas comunidades en introducirla en sus textos estatutarios fueron las de Baleares y Canarias, por lo que en estos momentos todos los presidentes autonómicos tienen la capacidad para controlar a su antojo los tiempos electorales.
Esta facultad, contemplada como una ventaja para los regidores de las 17 comunidades, no deja de ser ahora un objeto más del decorado en parte de ellas ya que a los que llegaron al cargo el año pasado con el dorsal del PSOE no les conviene acortar una legislatura que para la mayoría, las 13 comunidades que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 de la Constitución, podría prolongarse hasta 2019.
Emiliano García-Page, el primer amenazado por Podemos si el PSOE acaba avalando la investidura del candidato del PP, ya se ha comprometido a retomar el diálogo con la formación morada. La hora de la verdad se acerca no solo para Castilla-La Mancha sino también para Extremadura, donde sus dos presidentes encontraron serios problemas para sacar este año adelante sus presupuestos, hasta el punto de que Guillermo Fernández Vara acabó apoyándose para ello en el PP.
Además del mapa autonómico, después de la investidura podría moverse también el municipal
Mientras Podemos ha augurado al PSOE un trágico destino si acaba viéndose dirigido por la presidenta andaluza, Susana Díaz, la gestora que pilota ahora el partido es consciente de las consecuencias que pueden tener los pasos que dé en las próximas semanas ya que además del mapa autonómico podría recomponerse también el mapa municipal: más de 2.500 ayuntamientos, de los 8.100 existentes en España, son gobernados por los socialistas con la muleta de Podemos. Están en juego, pues, miles de empleos públicos, una de las razones que esgrimieron algunos barones para respaldar la continuidad de Pedro Sánchez en la secretaría general.
