El PSOE se ha personado como acusación popular en una de las piezas del 'caso Villarejo'. Lo ha hecho en 'Kitchen', donde se investiga el presunto uso irregular de fondos reservados para armar una operación que buscaba sustraer documentación comprometedora al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas; y en la que está imputado el comisario de la Policía Nacional Andrés Gómez Gordo, antiguo alto cargo de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha.
La acción popular permite a un ciudadano personarse en un proceso judicial sin necesidad de ser uno de los afectados por un delito. La decisión del PSOE de usar esta figura se da a conocer en la misma semana en la que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostrara a favor de reformarla para que los partidos no utilicen esta posibilidad para sacar rédito político.
Preguntado en Los Desayunos de RTVE por el papel de Vox en el juicio a los líderes del procés, el ministro señaló que cuando un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular habría que reformarlas para evitar que bajo intereses públicos se escondan realmente intereses particulares.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo lo propio la semana pasada. Aseguró en la Cadena Ser que era necesario reformar la norma de las acusaciones populares ejercidas por partidos políticos, ya que, a su juicio, un procedimiento en el que se enjuician hechos no puede convertirse en "altavoz" de ideas partidistas.
15.000 euros
Este diario ha podido saber que el PSOE ha hecho caso omiso a las recomendaciones de sus dos ministros y ha pagado una caución de 15.000 por ejercer de acusación popular en el conocido como el 'caso Villarejo'.
Dada la relevancia política que ha cobrado la pieza, ya son tres los partidos -PSOE, Podemos e IU- que han intentado personarse en la pieza al alegar que se usó dinero público para satisfacer intereses particulares del PP. Hasta ahora, solo había logrado ejercer como acusación popular la formación de Pablo Iglesias tras abonar una fianza de 30.000 euros.
Incluso el mismo Bárcenas intentó -sin éxito- acceder al sumario como acusación particular el pasado diciembre, alegando que había sido perjudicado en el operativo en el que se habría pagado hasta 2.000 euros al mes al exchófer del extesorero para sustraer la documentación.
Los investigados
El partido socialista llega a la causa un año y medio después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional iniciara las investigaciones sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo; y un par de meses después de que se abriera la pieza número siete, vinculada a la 'operación Kitchen'.
Dicha operación habría sido dirigida en 2013 por el propio Villarejo, que en ese momento estaba adscrito al director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Este último ex alto mando fue citado en el marco de la causa, al igual que el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.
A la lista de investigados se suma el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Y en calidad de testigos han acudido a declarar el propio Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.
Hasta ahora, sin embargo, el magistrado a cargo de la investigación, Manuel García-Castellón, solo ha acordado la retirada del pasaporte para Pino y Ríos.
Vínculos con la Gürtel
En paralelo a la investigación de García-Castellón, otro magistrado se ha interesado por la operación. Se trata del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que inspecciona el presunto sistema de financiación ilegal del PP, en el que también se encuentra personado el PSOE.
De la Mata solicitó al Ministerio de Interior un informe sobre la 'Operación Kitchen' sobre los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, así como las identidades de todas las personas que participaron en la misma, incluyendo entre ellos a "sus últimos responsables".
