La crisis abierta en el Gobierno por la decisión de Margarita Robles de paralizar la venta de 400 bombas de precisión del Ejército a Arabia Saudí no termina de cerrarse a pesar de la corrección de Moncloa y de los esfuerzos de Exteriores por que la cosa no afecte a las relaciones comerciales con la monarquía del Golfo.
La ministra de Defensa sostuvo ante el Senado que su Departamento somete a examen todos los contratos heredados de la etapa del PP. La venta de las armas fue rubricada por el exministro Pedro Morenés en 2015. El lunes pasado la Cadena Ser adelantaba la decisión de revocar dicho contrato de 9 millones de euros y que representa el 1,5% de las exportaciones armamentísticas españolas a Arabia.
Pero tras la polémica provocada en el seno de Navantia ante una hipotética cancelación del contrato para construir cinco corbetas de guerra en los astilleros de Cádiz, Moncloa enmendó la plana a Robles y dejó el anuncio en una "declaración de intenciones" que no llegó a consumarse. La titular de Defensa dejó este lunes abierta la puerta a cancelar la venta, aunque reconoció que sólo se encontraba "en fase de estudio".
El problema es que fuentes de Moncloa, en un intento por sofocar el incendio, aseguraron tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes, que la decisión final sobre la venta de los artefactos debería decidirse en una comisión interministerial que se crearía al efecto.
Desde Defensa sostienen, en cambio, que el contrato de venta de las 400 armas no debe pasar por dicha comisión, pues no se trata de una exportación de material fabricado por España, sino de la venta de un excedente del Ejército del Aire.
