La Comisión Permanente del Consejo de Estado se reúne este lunes para dictaminar sobre la ley de presidencia catalana, un paso preceptivo para que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional y frene así una investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
El Consejo de Ministros acordó el viernes solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado con carácter de urgencia, después de que el pleno del Parlament aprobara la ley, con el apoyo de la mayoría de JxCat, ERC y la CUP.
La Comisión estudiará el informe redactado por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, y que entiende de los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como los temas relativos a conflictos sobre la autonomía local.
Tras la aprobación del dictamen, que es preceptivo pero no vinculante, el Consejo de Estado remitirá su informe al Ejecutivo, para la presentación del anunciado recurso al Tribunal Constitucional
La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.
Aprobada con 70 votos
La modificación de la ley contó con un total de 70 votos que incluyen los delegados del propio Puigdemont y Antoni Comín y los diputados en prisión, mientras que se opusieron los 64 parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC.
Plantea así que se puedan hacer debates de investidura del presidente de la Generalitat sin que el candidato esté presente en el hemiciclo, con una autorización previa del pleno por mayoría absoluta, algo que no avaló el Consejo de Garantías Estatutarias, aunque su informe no es vinculante.
El Tribunal Constitucional vetó en abril la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña de manera telemática o mediante cualquier formula que no implique su presencia en el Parlament y, además, con permiso judicial.
