El desafío soberanista en Cataluña, que va in crescendo, pillará a Mariano Rajoy fuera de España en la última semana de septiembre, justo antes del referéndum ilegal del uno de octubre. El presidente del Gobierno viajará a Washington el lunes 25 para almorzar el martes en la Casa Blanca con Trump; su vuelo de vuelta llegará el miércoles 27 a España. Y el jueves 28 por la tarde volará a Estonia para asistir el viernes 29 a un Consejo de presidentes y primeros ministros la UE sobre agenda digital.
Las fuentes gubernamentales insisten en que la agenda de esa semana no está cerrada pero, aunque se confirmara, el presidente del Gobierno estará informado en todo momento de los acontecimientos que se vayan sucediendo y podrá aprobar todas las medidas que se estimen oportunas. Una alusión nada velada a la intervención de la Generalitat vía artículo 155 de la Constitución.
El Ejecutivo lleva varios días recalcando la idea de que "no descarta nada" -ayer mismo volvió a repetirlo el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo- y en la órbita de La Moncloa ya se desliza que "bastarían cinco días" desde que Rajoy enviara un primer apercibimiento a Carles Puigdemont, y éste no contestara, para que el Senado autorice al gabinete a nombrar una Generalitat provisional.
El Gobierno no quiso que la Policía actuara ayer en el mitin de Tarragona para no tensionar más a la sociedad catalana, "que es lo que quieren los independentistas"
De hecho, Moncloa no quiere salirse de la "proporcionalidad" en sus actuaciones porque es consciente de que "los independentistas quieren echar la gente a la calle, quieren conflicto social, y la obligación de un gobernante responsable es evitarlo", explican las mismas fuentes. Esta es la razón por la que el Gobierno no instó ayer al fiscal general a actuar contra el acto de apertura de la campaña en la plaza de toros de Tarragona con 8.000 personas dentro.
Pero eso no quiere decir que la vía del 155 este parada. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó que el Ministerio de Hacienda pague directamente las nóminas de los funcionarios de la Generalitat -así también se les quita presión cuando tengan que decidir si obedecen a sus autoridades políticas o a los jueces- y cualquier gasto en las partidas de educación, sanidad y servicios sociales. En la práctica, las cuentas catalanas van a quedar intervenidas desde mediados de la próxima semana para que "ni un euro" vaya a la financiación del referéndum o a su campaña.
Y la utilización de la fuerza se reservará para última hora si es estrictamente necesario. Al Ejecutivo no le importa, por el momento, dar la sensación de que va a remolque de los acontecimientos porque, según dijo ayer Méndez de Vigo, "los hechos consumados suelen terminar, al final, en hechos consumidos".
