Mariano Rajoy avisa: si del 21D surge un gobierno independentista en Cataluña y éste vuelve a reclamar un referéndum de secesión, no dialogará como no lo hizo en el pasado cuando se lo plantearon, sucesivamente, Artur Mas y Carles Puigdemont. Lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a preguntas de portavoz del PDCat, Carles Campuzano.
Campuzano ha exigido al jefe del Ejecutivo que abandone el "autoritarismo" que supone la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque debe responder a la "realidad social" de que una mayoría de catalanes quiere decidir en una consulta de autodeterminación.
Parafraseando al Adolfo Suárez de 1976, cuando el primer presidente del Gobierno de la democracia convocó el referéndum para la reforma política, el diputado del PDCat señaló que "Lo que es normal en Cataluña es elevar a la categoría de ley la voluntad de los catalanes de decidir su futuro en un referéndum. Eso es lo de sentido común en Cataluña". "Usted tiene -ha concluido Carles Campuzano- la obligación democrática con el nuevo parlamento que surja de las elecciones, de ponerse a negociar ese mandato".
Rajoy, por su parte, le ha recordado que nadie le puede pedir que incumpla la ley dejando a la mayoría de los españoles sin su derecho a decidir lo que es España y lo que es Cataluña, porque eso pertenece al "conjunto" de la ciudadanía y no solo a los independentistas.
Antes de ese duelo parlamentario, el jefe del Gobierno ha mantenido otro con Pablo Iglesias en el que éste le ha reprochado que use la Constitución como "una bandera" tras la que refugiar su inmovilismo. "Ustedes pueden ordenar a RTVE que les llame constitucionalistas. pero no lo son. No lo fueron en 1978 ni lo son ahora. Y si vuelven a cambiar la Constitución como hicieron con el artículo 135, nosotros garantizamos que habrá un referéndum en España".
El presidente del Gobierno sostiene, por contra, que hace 39 años España aprobó en referéndum una Carta Magna que le ha permitido vivir "la mejor etapa de su historia". Y el artículo 155, que también forma parte de la Constitución, se ha aplicado en Cataluña "para restaurar la primacía de la ley y los derechos de las personas" vulnerados por Carles Puigdemont y su ejecutivo secesionista.
