Mariano Rajoy valora muy positivamente el papel mediador jugado por el PNV en la crisis catalana, en particular el lehendakari, Íñigo Ukullu, y quiere aprovechar esa buena relación para buscar la foto de la "vuelta a la normalidad" política que supondría el desbloqueo del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
De momento, el presidente del Gobierno dijo ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que la recuperación parece asentarse -se conoció el PIB del tercer trimestre- pero advirtió a los suyos que "tonterías las justas" en materia económica y que el mejor mensaje a los mercados y a la Unión Europea es la aprobación de las cuentas públicas con el menor retraso posible.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en "semanas" el proyecto de ley para remitirlo a las Cortes y que éstos puedan entrar en vigor durante el primer trimestre del año próximo, que no tengan que esperar a junio como ocurrió con las cuentas públicas de este ejercicio.
Ayer, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, dijo que aun cuando el PNV advirtió semanas atrás a Rajoy que si se aplicaba el 155 tendría difícil apoyar las cuentas, ahora el PP cree posible llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos. Hay margen para convencerlos, se insiste en la sede de Génova.
En juego, los 1.400 millones que el Estado se comprometió a dar al País Vasco en los próximos cuatro años por el contencioso de la liquidación del cupo desde 2007
Maíllo señaló que Íñigo Urkullu "habrá sacado sus propias conclusiones", y espera que su idea sobre Puigdemont "se acerque más" a la que tiene el Gobierno. Y confía igualmente en que el lehendakari y el PNV vean que la aprobación del presupuesto va en favor del "interés general de España y también del País Vasco".
De hecho, el pacto sobre las cuentas de 2018 está íntimamente relacionado con el acuerdo PP/PNV para los presupuestos 2017, de tal manera que si finalmente los peneuvistas se negaran en enero a aprobarlos, se paralizará la aplicación de las mejoras financieras incluidas en la aplicación del concierto y las inversiones en el AVE vasco pendientes.
El acuerdo supone que el Estado compensará al País Vasco con 1.400 millones de euros de los 1.600 que el PNV reclamaba por su desacuerdo con el cálculo del cupo desde el año 2007. Tras una dura negociación en mayo, el Gobierno y el PNV acordaron que esos 1.400 millones se abonarán durante los próximos cinco años, y eso es lo que quedó en el aire en octubre, cuando Moncloa decidió no enviar los Presupuestos de 2018 al Parlamento; además de inversiones en la Y ferroviaria del AVE vasco.
