El Gobierno y el PSOE condicionan la reforma de la Constitución a que sea rápida, "simple" -sin referéndum- y se circunscriba a suprimir el aforamiento judicial de los ministros, diputados y senadores contenido en los artículos 71.3 y 102.1; nada de debatirlo varios meses en la Comisión Constitucional del Congreso previos informes del Poder Judicial, la Comisión de Codificación y el Consejo de Estado, como pretende el PP, ni incluir los cambios que quieren Podemos y los independentistas, porque corre riesgo de fracasar la reforma.
Eso se evidenció este mismo martes, solo 24 horas después del anuncio de Pedro Sánchez, a propósito del debate en el Congreso de una moción de Ciudadanos. Salió adelante la moción que pide la supresión con la abstención de los socios del PSOE porque hay acuerdo de todos los grupos en el fondo de la cuestión, pero discrepan en lo demás: Podemos quiere aprovechar para quitar el aforamiento al Rey y blindar derechos sociales -y al final someterlo a referéndum-, los independentistas del PDeCAT y ERC aspiran a incluir el derecho de autodeterminación, y el PNV quiere quitar el aforamiento al Rey.
Ante semejante panorama, lo que se iba a iniciar en próximas semanas, se ha transformado en la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros este mismo viernes. Y es que el presidente del Gobierno no está dispuesto a perder la iniciativa, y menos aún a que la reforma de la Carta Magna que planteó el lunes con solo "60 días" de trámite parlamentario sea un nuevo fiasco.
En las primeras 24 horas de debate ya se ha podido ver una cacofonía de opiniones que amenaza la aprobación de la reforma constitucional solo para eliminar los aforamientos
De hecho, el Grupo Socialista intentó enmendar esa moción de C's para que el Congreso "inste" al Ejecutivo a presentar la reforma, no vía proposición de ley de los grupos -"excede a la competencia del Congreso", justificó Adriana Lastra- y que el anteproyecto se apruebe de manera "inmediata", pero Albert Rivera no aceptó ninguna enmienda. Aún así el PSOE ayudó a aprobar la iniciativa para no echar por tierra una operación delicada.
Y es que todo el mundo, incluidas las autonomías, ha dado su opinión en las primeras 24 horas. Por ejemplo, el PNV y Podemos quieren que la supresión de aforamientos no sea sólo de diputados y senadores, sino que se extienda a la Familia Real, al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad. Y los socialistas y el PP se niegan. Además, la formación morada insiste en que los españoles voten al final en referéndum.
Por su parte, la formación que lidera Pablo Casado, y también Ciudadanos, no se fían. Temen que Sánchez esté intentando una operación para quitar al Tribunal Supremo la competencia para juzgar a los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1-0. La Moncloa niega este extremo, pero ha empezado a convencerse de que lo que el lunes parecía una reforma simple y rápida puede acabar empantanada por el dialogo de sordos de los grupos.
La Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia empezó a trabajar en la reforma el viernes pasado, pero no es seguro que su informe esté listo este viernes para aprobar el anteproyecto
Entre tanto, la Comisión General de Codificación, dependiente del Ministerio de Justicia, está ya estudiando cómo disminuir los 250.000 aforamientos judiciales que existen en España -la mayoría son fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales-, de manera que se mantengan sólo los "indispensables".
Se lo encargó la ministra Dolores Delgado el pasado viernes, 72 horas antes de que el presidente del Gobierno anunciara la reforma en un acto conmemorativo de los primeros cien días de gobierno, aunque no se sabe si podrán un primer informe antes de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley este viernes 21 de septiembre.
