La reforma del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2015 por el Partido Popular ha puesto en peligro la viabilidad de al menos ocho investigaciones por corrupción en España, según el recuento realizado por Vozpópuli. Esta normativa obligaba a la Fiscalía y a los jueces a finalizar las pesquisas en un plazo concreto de seis meses, que solo podía ser superado mediante prórrogas excepcionales.
Y en el caso de no pedir la prórroga, la nueva redacción de la ley aprobada por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, impedía que la instrucción siguiera hacia adelante.
Precisamente esto es lo que ha pasado con los casos de corrupción del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez (caso Pasarelas); La Sal, en el que se investigaba la construcción de una desaladora por la constructora de Florentino Pérez (ACS); Acal; Federación de Baloncesto; Colina Roja de La Alhambra; ático de Ignacio González; Teatro de Cehegín (Murcia) y Nazarí. En este último caso la juez no ha acordado el final de la instrucción, una decisión que ha sido recurrida por los imputados.
Superar los plazos
En todos estos casos, aunque los fiscales explican a este diario que podrían ser muchos más, las pesquisas se han visto limitadas o incluso archivadas por haber superado los plazos previstos en la ley.
El primero de estos archivos ha beneficiado al expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez, que afrontaba penas de tres años y medio de prisión, multa e inhabilitación para empleo o cargo público por diez años por el denominado caso Pasarelas.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia hizo caso al recurso del abogado del expresidente murciano, José Antonio Choclán, quien defendió que la reapertura de las pesquisas que había pedido la Fiscalía no era legalmente posible porque esta acción se había producido días después de transcurrir los seis meses de instrucción previstos en la ley, y sin que dentro de ese plazo hubiera solicitado la declaración de "causa compleja".
Agujero de 600 millones
En el caso La Sal, en el que se investiga el agujero de 600 millones de euros de la plan desalinizadora de Escombreras (Cartagena), la Audiencia de Murcia rechazó la decisión de la juez María del Mar Azuar de prorrogar las pesquisas al considerar que se había adoptado una vez superados los seis meses de instrucción.
Fuentes del caso apuntan que ahora las declaraciones como imputados del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y de Florentino Pérez son inviables
En este caso, el procedimiento no ha sido archivado, sino que se ha declarada nula cualquier prueba obtenida después de septiembre de 2018. Fuentes del caso apuntan que, de esta forma, la declaración como investigado del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel es inviable. Tampoco hay pruebas contundentes, apuntan estas fuentes, para imputar cualquier delito al presidente de ACS, Florentino Pérez, pese a que el propio ministerio público abrió la puerta a implicar a directivos de la constructora.
La situación del caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González es muy parecido al de la desaladora de Escombreras. La Fiscalía anticorrupción de Málaga no pidió la prórroga, por lo que el plazo previsto para la investigación finalizó el octubre de 2018. Y por eso, el instructor no podrá enviar las comisiones rogatorias a Argentina y Estados Unidos, tal y como ha reclamado la UDEF en un informe reciente.
Catalá y Cerezo
En este caso se da la casualidad de que Catalá ha acabado trabajando para la Fundación del Atlético de Madrid, club en el que el presidente es Enrique Cerezo, uno de los imputados junto al expresidente madrileño y su mujer, Lourdes Cavero.
También en Andalucía la Justicia ha dado carpetazo al caso denominado Colina Roja de La Alhambra. La Audiencia Provincial de Granada confirmó, en virtud de la superación de los plazos, el carpetazo del caso Colina Roja, donde se investigaba una supuesta trama de contrataciones a amigos y familiares en La Alhambra.
La Fiscalía tampoco cumplió el plazo para investigar previsto en la ley de Catalá en el caso del expresidente de la Federación Española de baloncesto José Luis Sáez; y en el denominado Acal, en el que estaban imputados unos abogados de Caravaca de la Cruz (Murcia). Ambos procedimientos han sido archivados de forma definitiva.
Cehegín y Caravaca
También en el Noroeste de la Región de Murcia, en este caso en Cehegín, un juez cerrará previsiblemente el caso por las obras del Teatro Auditorio de este municipio. Este procedimiento, tal y como adelanta el diario La Verdad, está condenado inexorablemente al carpetazo porque desde el correspondiente juzgado de Caravaca de la Cruz no se practicó prueba alguna mientras se estaba en plazo para investigar.
Con el caso de Cehegín, ya son cuatro los procedimientos archivados en esta Comunidad Autónoma. Por eso, según adelantó la Cadena Ser, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado "visitar" varios juzgados de la región para estudiar y averiguar qué ha ocurrido con para averiguar por qué ha habido problemas en los plazos de instrucción.
Por eso, una comisión del TSJ acudirá a los juzgados de Instrucción número 5 de Murcia, Primera Instancia e Instrucción 2 y 3 de Caravaca; y el 3 de Lorca, los protagonistas del cierre de las causas derivado de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal del PP.
'Caso Nazarí'
Capítulo aparte merece el caso Nazarí. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha desestimado el recurso presentado por la antigua cúpula del área de Urbanismo de Granada, pidiendo la nulidad de las actuaciones desde el 7 de mayo de 2017.
La magistrada hace también mención a la circunstancia de que, mediante la utilización del articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pretende desvirtuar los artículos del Código Penal relativos a la prescripción de los delitos, convirtiéndolo en una herramienta para una prescripción encubierta.
