La renuncia de los diputados electos del PP Andrea Levy y Daniel Lacalle a recoger sus actas en el Congreso y la correspondiente entrada al Parlamento de José Ignacio Echániz obligará a la Fiscalía anticorrupción a proseguir sus pesquisas del caso Lezo contra Alberto Ruiz-Gallardón en el Tribunal Supremo, según especifican fuentes de la causa a Vozpópuli.
Hasta el momento Gallardón está imputado en la Audiencia Nacional por su responsabilidad en la compra en 2001 de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Sin embargo, el cambio al Supremo se debe a que Echániz, que en las elecciones del 28A no había logrado repetir como diputado del PP, se ha beneficiado in extremis de la retirada de Levy y Lacalle y, por tanto, solo puede ser investigado en el Alto Tribunal, al estar aforado.
Echániz era el único de los consejeros del Gobierno de Gallardón que no había sido imputado pese a haber votado de forma favorable en 2001 la adquisición de Inassa por parte del Canal de Isabel II. Sin embargo, los pésimos resultados del PP dejaron inicialmente a este candidato fuera del Congreso, ya que era el octavo de una lista por Madrid, que solo obtuvo siete actas.
Exposición razonada
Esta debacle del PP daba vía libre a la Fiscalía a finalizar su trabajo y llamar a Echániz como imputado a la Audiencia Nacional, ya que este había perdido su aforamiento. Sin embargo, las renuncias de los diputados electos del PP han devuelto el caso a la casilla inicial, ya que Anticorrupción solo podrá interrogar al último implicado en la compra de Inassa tras a elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.
Echániz fue uno de los consejeros del Gobierno madrileño que aprobó la compra de Inassa. Una decisión que firmaron de forma conjunta todos los consejeros y el propio Gallardón. Y este es el motivo por el que Gallardón no puede ser investigado al margen de la actuación de Echániz.
Es decir, unos mismos hechos no pueden ser investigados de forma paralela en dos órganos judiciales distintos. En este caso concreto, en la Audiencia Nacional, en la que el juez Manuel García-Castellón lleva la causa, y en el Tribunal Supremo, en el que deberá ser interrogado Echániz, según destacan a Vozpópuli las aludidas fuentes del caso.
20 millones
El magistrado García-Castellón considera que los fondos públicos desviados en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II superan los 20 millones de euros. Sin embargo, tras la renuncia de los diputados del PP la investigación de la compra de Inassa por Gallardón sólo podrá ser completada en el Supremo.
Las fuentes de la causa consultadas por este diario explican que la Audiencia Nacional sí podrá concluir sus pesquisas sobre los integrantes del consejo de administración de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II que votaron la compra de Inassa. Esta decisión implicará que dos de estos excargos, que también formaban parte del Gobierno de Gallardón, sigan imputados en la Audiencia Nacional.
Es el caso de Pedro Calvo, que en 2001 era presidente del Canal de Isabel II y consejero de Medio Ambiente; y de Juan Bravo, también responsable del área de Hacienda del Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP.
