El número de iniciativas aprobadas por el Congreso durante los tres últimos años cayó en picado respecto a las anteriores legislaturas de la democracia. La última ley orgánica que aprobó la Cámara Baja fue en el mes de marzo. Ahora, la calma con la que el PSOE afronta la formación del nuevo Gobierno y la sesión de investidura provocará que el trabajo legislativo no eche a andar, como mínimo, hasta después del verano.
Tras la legislatura fallida de 2016, el número de normas aprobadas por el Congreso ha sido más bien escaso. A la falta de consenso entre los grupos parlamentarios se sumaron las maniobras del PP y Ciudadanos, usando su mayoría en la Mesa para mantener eternamente congeladas o vetar directamente las iniciativas presentadas por la oposición.
Las tornas cambiaron con las elecciones generales del 26 de mayo, que dieron al PSOE y Unidas Podemos cinco de los nueve puestos en el órgano de gobierno de la Cámara. Está por ver hasta qué punto Pedro Sánchez logrará armar mayorías para aprobar iniciativas parlamentarias o decide recurrir de nuevo a la tan criticada práctica de legislar por decreto que ya había puesto en marcha Mariano Rajoy incluso cuando gozaba de mayoría absoluta.
Precisamente, esta figura que la Constitución reserva para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" fue empleada por el Ejecutivo socialista para sacar adelante algunas de sus medidas sociales tras el triunfo de la moción de censura. En cualquier caso, la Cámara Baja es quien debe ratificar en el plazo de un mes la norma. Y los morados ya tumbaron uno de los alquileres.
En principio, si los socialistas trabajan junto a los de Pablo Iglesias lograrían sumar
