El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido desde el pasado mes de julio 36 reuniones y contactos con el Ejecutivo catalán de Quim Torra. Al menos, esos son todos los encuentros oficiales que han trascendido hasta el pasado miércoles por la tarde, cuando la vicepresidenta Carmen Calvo mantuvo el último de ellos por videoconferencia con la portavoz del Govern Elsa Artadi y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El Gobierno socialista, metido de lleno en la polémica por aceptar un relator en la mesa de partidos para la crisis catalana, ha reunido en sus ocho meses de mandato a varios órganos bilaterales paralizados durante años; ha desplegado una agenda de contactos al más alto nivel como con ninguna otra Comunidad; ha retirado varios recursos de leyes catalanas ante el Tribunal Constitucional; y ha hecho incluso cambiar la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio del procés que está a punto de comenzar.
Sin embargo, ninguno de esos gestos y cesiones han servido a Sánchez para asegurarse el 'sí' de los independentistas a los Presupuestos Generales de 2019. Ni siquiera para poder tramitarlos en el Congreso, donde ERC y el PDeCAT han presentado sendas enmiendas a la totalidad, que pueden todavía están a tiempo de retirar si el Ejecutivo cede ante sus exigencias.
La cuestión económica tampoco ha sido suficiente para atraerse el apoyo de los separatistas. Ni siquiera habiendo previsto un aumento de 52% en las inversiones del Estado para Cataluña, con 2.051 millones de euros frente a los 1.349 previstos en 2018. A esa cifra hay que añadir 200 millones más para inversiones e infraestructuras (759 entre 2019 y 2022) y 150 para los Mossos d'Esquadra este año (700 en los próximos cuatro años). Ambas transferencias fueron fruto de la reunión de septiembre de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que no se convocaba desde 2010.
Sánchez se comprometió a cumplir lo recogido en la disposición adicional tercera del Estatuto catalán y destinar a Cataluña la misma cifra que la Comunidad aporta al PIB nacional (19,2%). Todo, a pesar de que el Constitucional dejó claro que ese punto no cumplía la ley y, por tanto, no suponía obligación alguna para el Ejecutivo central. En todo caso, la cifra de este año supone volver a niveles de 2011, con el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En plena crisis económica -ya con el PP en Moncloa- las inversiones cayeron drásticamente, manteniéndose en el entorno del 12% sobre el conjunto de CCAA hasta el año pasado.
20 encuentros hasta Pedralbes
Sánchez quiso durante el mes de julio sentar los mimbres de la denominada por aquel entonces "normalización de las relaciones" con el Govern. Se encargó de abrir la agenda recibiendo a Torra el 9 de julio en La Moncloa. Y apenas tres días después fue el turno de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra de Hacienda María Jesús Montero con el vicepresidente Pere Aragonés.
Entre esos encuentros y la reunión en el Palacio de Pedralbes del pasado mes de diciembre, tuvieron lugar veinte encuentros de once ministros con consejeros de la Generalitat. Entre ellos, Josep Borrell (Exteriores); Meritxell Batet (Política Territorial); Reyes Maroto (Industria); José Guirao (Cultura); Luis Planas (Agricultura); Dolores Delgado (Justicia); José Luis Ábalos (Fomento); Isabel Celaá (Educación); Teresa Ribera (Transición Ecológica); Nadia Calviño (Economía); o Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades).
Al margen de esas entrevistas con los representantes del Govern, también se han producido reuniones de órganos de carácter mucho más técnico. La más relevante fue la reactivación de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado (1 de agosto) que llevaba siete años sin convocarse. A partir de ahí, se activaron subcomisiones como la de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, encargada de revisar los recursos del Gobierno ante el TC. En virtud de esos trabajos, se decidió retirar el recurso de la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria y se acordó el desistimiento parcial de dos leyes autonómicas sobre vivienda.
Asimismo, el 6 septiembre se reunió la Junta de Seguridad (Barcelona); el 25 la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; el 2 de octubre la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (Barcelona); y apenas una semana después la Comisión Bilateral de Infraestructuras (Barcelona).
Al margen de estos encuentros, representantes catalanes también han participado en la Conferencia Sectorial de Deporte y en la Reunión del Grupo Institucional para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
