"Lo que podemos llamar golpe de estado, requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas", aseguró esta mañana en una entrevista a Onda Cero la vicepresidenta, Carmen Calvo, en sintonía con el presidente del Gobierno, que este miércoles, durante el Pleno del Congreso, recordó que el propio dirigente del PP Federico Trillo, ya dijo en 1994 que ese delito sólo era aplicable al uso de armas por militares o civiles armados.
El Gobierno, según distintas fuentes consultadas por Vozpópuli, "no puede" ordenar a la Fiscalía que rebaje su dictamen final, de rebelión a conspiración para la rebelión o, incluso, sedición, so pena de afrontar una rebelión en el Consejo Fiscal contra la fiscal general, María José Segarra, pero sí que va a utilizar a la Abogacía del Estado para dejar clara la opinión del gabinete.
La opinión de la Fiscalía se conocerá "en torno al 2 de noviembre", ha dicho Calvo, después de que Segarra calificara recientemente de "conjetura" lo que el Ministerio Público vaya a decir en su escrito. No obstante, sí ha tracendido que los cuatro fiscales adscritos a ese caso en el Tribunal Supremo serían partidarios de seguir la línea del magistrado instructor, Pablo Llarena, y acusar por rebelión a los implicados en los sucesos en Cataluña hace ahora un año.
Por eso, en lugar de limitarse a perseguir el supuesto delito de malversación de fondos públicos cometido por Carles Puigdemont y el resto de los encausados en el proceso por el referéndum ilegal del 1-O, idea inicial de la Abogacía del Estado, La Moncloa y el Ministerio de Justicia se inclinan ahora, según diversas fuentes, por "dejar clara" la idea de que el Gobierno considera que no hubo rebelión en un proceso tan importante para el futuro del país.
Sedición y desobediencia
Si acaso, sedición y desobediencia a las reiteradas órdenes del Tribunal Constitucional contra la aplicación de las llamadas "leyes de desconexión" aprobadas por el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que establecieron el marco previo al referéndum ilegal del uno de octubre.
Las palabras del presidente del Gobierno este miércoles en sede parlamentaria, y las de Calvo, esta mañana en una entrevista, han creado alarma en el PP y Ciudadanos, que se preguntan si este cambio de postura es el "gesto" que piden los independentistas de ERC y el PDCat para que se aprueben los presupuestos generales del Estado 2019.
.@sanchezcastejon sugiere que el 1-O escapa del delito de rebelión. ¿Es el precio para seguir en la Moncloa?¿Es un pago más al independentismo y evidencia de la negociación de su testaferro @Pablo_Iglesias_ en Lledoners?
— Ignacio Cosidó (@Ignacos) October 25, 2018
Algunas fuentes socialistas admiten que el Gobierno y el PSOE sí pueden echar mano de la Abogacía del Estado sin un gran desgaste para la imagen del país y del propio Pedro Sánchez, pero admiten que con la Fiscalía los cambios son "mucho más díficiles".
"Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas", aseguró Carmen Calvo este miércoles
Recuerdan que el propio diputado de ERC, Joan Tardá, aclaró hace semanas que ellos piden un gesto "al Gobierno", no que la Fiscalía haga tal o cual cosa presionada por el poder Ejecutivo. En este sentido, Carmen Calvo precisó que "lo que podemos llamar golpe de estado, requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas". Preguntada por si cabe lo mismo para el delito de rebelión, la vicepresidenta respondió que la rebelión es el "formato básicamente de ese tipo".
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