El PSOE guarda las apariencias y aunque en público insiste en que aún hay margen para un acuerdo de investidura con Unidas Podemos, en privado casi todas las fuentes consultadas pronostican que del encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, este martes, es "bastante improbable" que salga avance alguno; se ha instalado la desconfianza mútua, admiten ambas partes, y así es difícil avanzar.
Sánchez insiste en que su oferta es de gobierno "de cooperación" -sin Iglesias de vicepresidente ni ministros morados- y su interlocutor replica que o hay cuotas de poder en un "gobierno de coalición o nada". Y no parece que le esté haciendo mella la amenaza de repetición electoral el 10 de noviembre que formuló José Luis Ábalos hace un mes.
De hecho, la portavoz del grupo, Irene Montero, ya habla de investidura "fallida" del candidato socialista los días 22 y 23 de julio (primera votación) y 25 (segunda), posponiendo la negociación hasta septiembre, en alusión a las palabras de Iglesias a los suyos: "El acuerdo está más cerca de lo que parece, aunque haya que esperar dos meses y medio".
En Unidas Podemos todos somos independientes de los fondos buitre, de las eléctricas, de la CEOE. Aportamos esa garantía para crear empleo estable, regular el precio del alquiler o bajar la factura de la luz. España necesita un Gobierno de coalición progresista, y los números dan pic.twitter.com/ZPSfACQf6t
— Irene Montero (@IreneMontero) July 5, 2019
Pero Pedro Sánchez ya ha reiterado que no está dispuesto a esperar tanto porque "España necesita gobierno en julio" y porque sabe que si no cede ahora tampoco podrá hacerlo en septiembre, so pena de arrancar la legislatura debilitado al máximo frente a su socio de izquierdas.
De ahí el plan B para septiembre: una investidura con la abstención de PP y/o Ciudadanos que, en el caso de los naranjas es más que difícil porque Albert Rivera le niega incluso volver a verse este martes -"no tengo nada más que hablar con él"-, pero en el del PP podría ser una hipótesis. Ahora no, pero quien sabe dentro de dos meses para evitar elecciones.
Sánchez quiere rebajar las exigencias de Iglesias de entrar en el gobierno visualizando con el PP que la "geometría variable" no se acaba en Podemos
No en vano Sánchez ha citado a Pablo Casado este martes a las 17.00, horas después de que Iglesias (12.00) diga el presidente si quiere o no continuar con la negociación bajo las condiciones de gobierno solo de cooperación. El mensaje a su "socio preferente" es claro: no eres mi única opción.
Casado ya se vio con él discretamente el 26 de junio en La Moncloa y, como viene informando Vozpópuli, le ofreció aprobar los presupuestos para dar "estabilidad" a la legislatura; incluso hablaron a solas y sin la presión de los medios hasta de una reforma electoral.
De momento, según fuentes gubernamentales, el presidente en funciones está centrado en el Plan A, esto es, sacar adelante su reelección en el Congreso en segunda votación -mayoría simple- con los votos de Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) -173 en total-, además de la abstención de los independentistas de ERC-
Para lo cual, ya se encargó el viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, de preparar el terreno: "Nadie ha dicho que una abstención de ERC sea depender de ERC. Las fuerzas políticas hacen con sus votos en ejercicio de su autonomía e independencia política lo que les parece. Depender es una cosa y que voten es otra muy diferente", señaló,
No a dos gobiernos
A Iglesias le va a reiterar Sánchez el martes que está dispuesto a estudiar perfiles de ministros "independientes", aunque la última palabra sobre su nombramiento la tendrá él; y nada de incluirle a él como vicepresidente porque "serían dos gobiernos de facto", argumentan fuentes socialistas.
Eso por no hablar, insisten, en lo que puede pasar el día en que el Tribunal Supremo haga pública las condenas a los dirigentes independentistas implicados en el procés y Unidas Podemos se sienta en la obligación de desmarcarse del PSOE; o qué ocurriría en caso de gobierno de coalición cuando haya que elaborar unos presupuestos 2020 sobre los cuales la UE exige un recorte de 7.800 millones de euros.
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