El Gobierno de Mariano Rajoy se negó a someterse al control del Congreso durante los diez meses que estuvo en funciones hasta octubre de 2016. El Tribunal Constitucional rebatió por unanimidad la posición de los populares, que se basaban en que el Parlamento elegido en diciembre de 2015 no era el que le había otorgado la confianza.
Pedro Sánchez lleva poco más de dos meses desde que entró definitivamente en funciones, pero no contesta a una pregunta oral de la oposición desde el 28 de febrero, la última sesión de control antes de dictar el decreto de disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de las elecciones generales.
Entre medias, la Diputación Permanente del Congreso convalidó una batería de decretos de contenido político que levantó una polvareda por su presunto uso electoralista. Ahora, el jefe del Ejecutivo no es que se niegue como hizo Rajoy a ser controlado por la Cámara Baja, sino que cuenta como aliada con la presidenta del Congreso Meritxell Batet.
Los grupos de la oposición acusan a la socialista catalana de estar acompasando los tiempos parlamentarios a los intereses políticos del Ejecutivo en funciones, que ha dilatado intencionadamente los plazos de la investidura hasta después de los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo.
Dos meses después de las generales y mes y medio después de la constitución de las nuevas Cortes, aún no se ha constituido ninguna de las comisiones, por lo que los ministros no pueden ser llamados para comparecer ante ellas. Y son varias las solicitudes por parte de los partidos.
Por otro lado, tampoco se ha conformado aún la Diputación Permanente, el órgano de la Cámara que permanece activo entre los períodos ordinarios de sesiones como el que ha comenzado este mes de julio. Y la intención es no hacerlo hasta después del primer debate de investidura que siguiendo instrucciones de Sánchez, Batet ha fijado para el próximo día 22.
Como consuelo, la propia presidenta del Congreso aseguraba que la institución sí ha comenzado su labor de control al Gobierno a través de preguntas escritas a las que la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- ya ha empezado a calificar. En total, los diferentes grupos parlamentarios han presentado cerca de seiscientas cuestiones que el Ejecutivo tiene de plazo hasta septiembre para contestar.
Decisión de Alcoa de paralizar la venta de sus plantas en A Coruña y Avilés. (184/000576)Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-GC)
Gestión del incendio de la Ribera d'Ebre en la provincia de Tarragona. (184/000574)Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Conflicto entre la Embajada española en Oslo y sus trabajadores por un caso de "dumping laboral". (184/000568) Iñarritu García, Jon (GMx)
Gastos de mantenimiento de la Casa Real con cargo a Patrimonio Nacional. (184/000562) Rufián Romero, Gabriel (GR)
Número de menores extranjeros no acompañados que han ingresado en los CIE (centros de internamiento de extranjeros) de toda España durante los últimos doce meses Escudero Berzal, Beatriz Marta (GP) y las Medidas previstas para evitar la indefensión en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados García Sempere, Eva (GCUP-EC-GC)
Falta de respuesta por parte del Gobierno a las peticiones de asilo y refugio en España Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Investigación del intento de un agente de la Policía Nacional de infiltrar a un topo en el aparato directivo de la CUP, así como medidas previstas para cesar el espionaje policial a partidos políticos. Iñarritu García, Jon (GMx) Cumplimiento del calendario de las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Previsiones acerca de cerrar las mal llamadas embajadas de la Generalitat. Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
