El Gobierno se asoma este jueves al vacío. El Congreso se dispone a dar el aprobado definitivo a la ley de amnistía tras el rechazo del Senado. De las Cortes irá directa al BOE. A partir de ese momento, los jueces ya tendrán manga ancha para interpretar la ley. Ya todo depende de ellos. Y eso tiene a Moncloa en máxima tensión. Fuentes del núcleo duro del Ejecutivo se reconocen inquietos y piden que los togados "no interpreten interesadamente la ley". La confianza del gabinete de la Moncloa en una parte de la judicatura española es más bien escasa. Es más, se recuerda que los magistrados se manifestaron en contra de la medida de gracia.
El Ejecutivo confía en que no haya "influencias en ningún juez" a la hora de aplicar la ley. La alerta es grande tras trascender que el pasado lunes 20 de mayo todos los jueces españoles recibieron a través de su correo corporativo una guía contra la amnistía en la que se facilitan dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); lo que de facto obligaría a paralizar la aplicación de la ley.
Pese a todo, Moncloa no cree que la medida de gracia entre en campaña, ya que considera que las elecciones catalanas del 12 de mayo fueron un aldabonazo a la política de Pedro Sánchez respecto al independentismo que en los últimos años ha implicado una serie de decisiones polémicas: los indultos a los dirigentes del procés encarcelados; la rebaja del delito de malversación; el borrado del delito de sedición y la articulación de una ley de amnistía para el resto de independentistas pendientes aún de juicio, como el propio Puigdemont. Además de la compra del relato de una justicia conspiranoica con intereses políticos que practica 'lawfare'.
"El tema está amortizado. Y la gente, reconfortada", sintetizan en el equipo del presidente. La ley está hecha a la medida de Carles Pugidemont, pero en el Gobierno no se fían de que todo vaya a funcionar como está previsto. Las fuentes consultadas explican que el núcleo duro de Moncloa espera algún movimiento de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dirige el juez Manuel Marchena, y que torpedee la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. No obstante, estas fuentes no quieren especular. Pero lo que está claro es que una vez la norma esté en el BOE, arranca una nueva fase. Eso sí, fuentes del Ejecutivo explican que no comprenden por qué el expresidente catalán ha obviado concurrir en las elecciones europeas.
En el Ejecutivo creen que Puigdemont podría volver, en efecto, para tomar posesión de su escaño en el Parlament. De manera que responda solo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El problema es que no les cuadra, porque esa vuelta para sentarse en la oposición sería una "humillación" que evidenciaría "el final del procés". "Tienen muy complicado explicar a la gente que hicieron todo eso ¿para qué? ¿Para volver a dónde estaban?", añaden en el núcleo duro del Gobierno.
Pero el PSOE está pagando un alto precio por la amnistía. El relato monclovita se esfuerza en vender las bondades de la medida de gracia. El problema es que la ley viene manchada de origen. Su motivación no procede de la buena voluntad por mejorar la convivencia; sino por el ímpetu del presidente de mantenerse en el poder. Toda vez cuando Ferraz se vio desbordado por el tsunami azul del 28-M de 2023, que le arrebató casi todo su poder territorial. Precisamente, ese terremoto fue el que el presidente aprovechó.
Sánchez decidió arriesgar, convocó elecciones y batió el efecto Feijóo gracias a una campaña del PP a la defensiva y a una comunicación política eficaz. El presidente cargó la jeringuilla con la amenaza de un Gobierno de PP y Vox. El PSOE inoculó ese miedo, movilizó a la España más centrada consiguió su objetivo. Ahora intenta replicar la jugada, pero el contexto es bien diferente. Sánchez está acorralado por el caso Koldo y la rama que salpica a su mujer, Begoña Gómez.
La amnistía no deja de ser salto al precipicio. Y es que nadie, ni en el Gobierno ni en la planta noble de Ferraz, es capaz de garantizar que la amnistía se aplicará a todos los que pretende beneficiar. Ni tan si quiera pueden predecir los tiempos. El independentismo lo sabe. No por casualidad, el propio Puigdemont no se atreve a volver a España. Y todo indica que no lo hará hasta tener bien atado su negociado.
valdeves
Los jueces no aplican la ley interesadamente, cosa que este gobierno ya esta dando instrucciones de que los jueces apliquen la ley de acuerdo con los deseos del Pedrito I el Mentiroso, para poder seguir viviendo en la Moncloa, ya que si cualquier juez que tenga un caso del intento de golpe de estado realizado por los catalanes la recurre a Europa y se paraliza los riesgos de que siga teniendo el respaldo de los golpistas es minimo.