El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será juzgado el miércoles 25 de septiembre y el jueves 26, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no quitar los lazos amarillos de los edificios oficiales de esta comunidad durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril.
El TSJC informó este lunes de que se ha notificado el auto “con la relación de prueba admitida” para el juicio contra Torra, quien se sentará en el banquillo “por un delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente”.
Este tribunal recordó que “el origen de la causa es la querella de la Fiscalía contra el presidente Torra por el incumplimiento a las resoluciones de la Junta Electoral Central por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la campaña electoral”. En la causa también está personada el partido Vox como acusación popular.
Se da la circunstancia de que el 25 y 26 de septiembre, fijados por el TSJC para el juicio contra Torra, son también los dos días señalados por el Parlamento de Cataluña para celebrar su debate de política general de este año.
En todo caso, si el Parlamento autonómico no cambia la fecha del debate o Torra no pide mover de día el juicio, el presidente catalán deberá sentarse esos días en el banquillo. Esta vista oral se celebrará tras la acusación que el TSJC formalizó en un auto dado a conocer el pasado 12 de julio.
Advertencias y denuncia
Los jueces decidieron entonces no tomar ninguna medida cautelar personal o económica contra el presidente catalán. En este procedimiento, Vox ha actuado como acusación popular y Ciudadanos fue el partido que denunció durante la campaña de las elecciones del 28-A la presencia de lazos amarillos en las dependencias oficiales de la Generalitat. La Fiscalía se mostró partidaria de que se juzgase a Torra por desobedecer las órdenes para retirar los lazos amarillos.
A raíz de la denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral Central (JEC) adoptó el 11 marzo de 2019 un acuerdo por el que dispuso estimar parcialmente la reclamación del partido de Albert Rivera y requerir a Torra que “en el plazo máximo de 48 horas” retirara los “símbolos partidistas” de los edificios de la Administración autonómica catalana.
Tras la negativa de Torra a acatar la orden y diversos recursos rechazados, la JEC adoptó una resolución el 21 de marzo para que la Consejería de Interior catalana diera orden a los Mossos d’Esquadra para retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat.
Paralelamente, la JEC decidió remitir testimonio a la fiscal general del Estado, María José Segarra, por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir Torra por el “incumplimiento consciente y reiterado” de acuerdos sobre la retirada de símbolos independentistas. El TSJC ha tomado en cuenta estos hechos, así como la acusación de la Fiscalía, de Vox y Ciudadanos, para llevar a juicio al presidente catalán.
