El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra varias disposiciones de la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria, aprobada en junio de 2017.
El pleno del Constitucional aprobó el recurso del Gobierno, que pone en cuestión los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5 de la norma, además de las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, así como la disposición final primera.
La admisión a trámite implica la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso -el pasado 27 de marzo-.
El parlamento catalán aprobó el pasado 15 de junio esta ley con el objetivo de "blindar el derecho" de acceso al sistema público a todos los residentes en Cataluña, independientemente de su situación administrativa.
De acuerdo con esta normativa, todas las personas residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria, y los ciudadanos que no sean beneficiarios del sistema nacional de salud podrán acceder a la sanidad si acreditan su residencia en esta comunidad mediante el empadronamiento, u otros mecanismos de acreditación a establecer.
Los partidos aprobaron esta ley autonómica catalana para esquivar las limitaciones establecidas en el real decreto de 2012, que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias.
Contó con el voto a favor de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, mientras Ciudadanos se abstuvo y el PPC votó en contra.
El pasado 4 de abril, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, defendió que la norma catalana "traspasa competencias autonómicas".
Preguntada por si este recurso puede dejar sin amparo a personas vulnerables, Montserrat defendió que el sistema nacional de salud garantiza "la cohesión, la calidad, la equidad, la universalidad y la gratuidad".
