La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha impuesto al Partido Laócrata una fianza de 12.000 euros -cantidad habitual para partidos políticos- para poder formalizar la querella por prevaricación contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos por la reunión que mantuvo el pasado 20 de enero en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez-.
Así lo señala el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cuyo ponente ha sido el presidente de la Sala, Manuel Marchena, que ha dado a conocer este martes el alto tribunal y que da ocho días a los laócratas para reunir el dinero.
La cantidad solicitada por el Supremo se suma a la fianza de 5.000 euros que le ha pedido que presente, a esta misma formación política minoritaria, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, en relación con una segunda querella presentada por los mismos hechos pero contra los policías que cubrieron el encuentro.
La querrella de Vox
Se da la circunstancia que también ante el Supremo, que sería competente para investigar a Ábalos al ser este aforado como miembro del Gobierno, también ha presentado una querella por prevaricación Vox, igualmente pendiente de admisión a trámite.
En los juzgados ordinarios, el juez Serrano Arnal sigue sin aceptar la personación del PP en el caso por no haber presentado formalmente querella ni haber prestado fianza. Les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.
Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto -que investiga la posible responsabilidad policial en el encuentro ,ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.
Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezola, que tenía prohibido por la UE entrar en Europa, se infringió dicho protocolo.
