El régimen de sanciones diseñado por la Unión Europea para castigar a altos cargos del régimen venezolano de Nicolás Maduro incluye expresamente la prohibición de "entrada" y de "tránsito" en los países miembros.

La restricción afecta a las 25 personas inscritas en la lista de sancionados por su complicidad con la represión y la violación de los Derechos Humanos, entre las que figura la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que hizo escala el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas.

La decisión marco que los Veintiocho adoptaron en noviembre de 2017 en torno a la situación de crisis en Venezuela deja claro que los Estados miembros "adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él". Sin embargo, el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido este viernes que Delcy Rodríguez estuvo en situación "de tránsito" en nuestro país. 

"Estuvo en zona de frontera, pero ya no sé como hizo el cambio que le llevaba a Turquía, porque ella estaba de tránsito", ha indicado el ministro en La Coruña.

Fuentes del Consejo de Europa explican a Vozpópuli que la prohibición de viajar y transitar por países de la UE se recoge en el artículo 6 de la Decisión del Consejo de la Unión Europea (PESC) 2017/2074 sobre Venezuela.

Los Estados miembros "son responsables de la implementación de las sanciones", explican las mismas fuentes, pero "la Comisión debe verificar si esto se hizo correctamente".

Los párrafos 3 y 6 del mismo artículo se establecen algunas excepciones: cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales. No es caso de la 'número dos' de Maduro.

Asimismo, las reglas comunes advierten de que se deberá informar al Consejo "en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad" a los supuestos previstos en este marco.

"Estaba de tránsito"

Según las palabras de Ábalos, la vicepresidenta venezolana "estaba de tránsito". El ministro de Transportes ha reconocido que, como adelantó este periódico, subió al avión en el que Rodríguez aterrizó en España en compañía del ministro de Turismo, Félix Plasencia, pero ha añadido que lo hizo para evitar que entrara en territorio español.

"En estas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero la saludé y ya está. Nada más, al margen de recordarle que no podía pisar territorio español", ha concretado el número tres del PSOE. Sin embargo, las sanciones europeas exigen que se le impida también el tránsito por España.

Sanciones europeas

Además de prohibir y el tránsito de personas relacionadas con abusos en Venezuela contra los derechos humanos y la democracia, las sanciones enmarcadas en la decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo de la Unión Europea, imponen la congelación de activos a nombre de estas personas. 

Aunque el documento se suscribió en 2017, la UE ha ido añadiendo más nombres a una lista de sancionados en la que está Rodríguez desde junio de 2018 y que en la actualidad suma 25 individuos. A todos ellos el bloque comunitario les considera responsables de "graves violaciones de los Derechos Humanos y de abusos y represión contra la sociedad civil y la oposición política".

Los Estados miembro deben adoptar "las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten" los individuos señalados en la lista de sancionados

También hay entre los sancionados altos cargos a los que la UE vincula con "actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de derecho".

La decisión marco establece en el capítulo de restricciones a la admisión de personas que los Estados miembro "adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten" los individuos señalados en la lista de sancionados.

Ábalos no sabe si pisó suelo español

En sus declaraciones de este viernes, Ábalos ha subrayado que, tras saludar en Barajas a Rodríguez, le comunicó a la vicepresidenta de Venezuela que no podía pisar territorio español tras saludarle en el aeropuerto de Barajas, pero al mismo tiempo ha dicho desconocer qué hizo la política venezolana cuando él se marchó.

En esta línea, Ábalos ha negado que mantuviera una reunión con Rodríguez en el sentido estricto. "Yo entiendo por reunión cuando uno se convoca y está debatiendo e intercambiando aunque sea puntos de vista. En este sentido, le digo que no", ha subrayado.

Según la versión del número tres del PSOE, el Gobierno español, a través del Ministerio del Interior, tenía conocimiento "desde la tarde" de que la vicepresidenta Rodríguez viajaba en ese avión. Además,  ha enfatizado que se tomaron "todas las medidas" oportunas.

"En todas las gestiones estuvo el comisario de Fronteras, que establece cuál es el papel de las fronteras", ha indicado. Ábalos ha subrayado que mientras él estuvo presente, la ministra no bajó del avión y ha recordado que "hasta que se pasa el control de frontera no se pisa territorio español". 

La UE dice que España es responsable de cumplir las sanciones

Tras trascender que la vicepresidenta de Maduro hizo escala en Madrid en la madrugada del pasado lunes, la Unión Europea se desmarcó este viernes de la responsabilidad de vigilar que se aplica el régimen de sanciones y ha dicho que es una competencia de las autoridades nacionales.

"Si ha habido violación, la que sea, le corresponde a los Estados miembros evaluarlo. Por nuestra parte nos quedamos ahí", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas una portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Sin embargo, la evaluación para aclarar si España incumplió sus obligaciones en este caso es algo "responsabilidad de las autoridades nacionales competentes", tal y como han explicado fuentes del Parlamento Europeo a este diario.

Si estas autoridades nacionales detectaran un fallo en el cumplimiento de las sanciones, según fuentes citadas por Europa Press, no existe un procedimiento sancionador previsto contra el Estado miembro porque tampoco está previsto que se alejen de las reglas.

En todo caso, fuentes europeas insisten en que las medidas coercitivas que se aplican a países terceros, como las sanciones impuestas a Venezuela, son acciones acordadas "por unanimidad" en el Consejo, por lo que "no es una opción" elegir si las aplican o no.