El lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo contactos permanentes con el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde el 14 de marzo al 8 de abril de 2017, para que los Gobiernos de España y Francia no impidieran el desarme de ETA, algo que, según destaca el Gobierno Vasco, se consiguió.
Urkullu ha depositado en el archivo histórico del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, de Bilbao, un informe titulado: 'Descripción y valoración del papel desempeñado por el Gobierno Vasco y su disolución de ETA'.
El documento, recogido por Europa Press, hace un recorrido temporal del 15 de diciembre de 2012 hasta el 4 de mayo de 2018, fecha en la que se produce la confirmación de la disolución de ETA, y relata las aportaciones de Ejecutivo vasco para conseguir el desarme y la desaparición de la banda.
El texto describe "los desacuerdos notorios" y de "alta intensidad" que mantuvieron el Gobierno vasco y los autodenominados 'Artesanos de la Paz', a los que no gustaba la expresión "entrega de armas" porque podía "denotar una imagen de derrota".
Las discrepancias radicaron, entre otras cosas, en la pretensión de estos de convertir en "una movilización festiva" la jornada del desarme, y que el Ejecutivo creía que "hería la sensibilidad" de la víctimas y suponía una "falta de respeto" hacia ellas.
El lehendakari quería que se realizase de "manera sobria y discreta, extremando todos los mecanismos de prudencia y seguridad", y sin "demasiada parafernalia y propaganda". Pese a las divergencias, el Gobierno Vasco "decidió seguir ejerciendo su capacidad de influencia en todas las direcciones para tratar de que aquello llegara a buen puerto".
En informe remarca que el Ejecutivo vasco, en el desarme, fue "pieza clave en la relación con el Gobierno español y las autoridades francesas", y en la disolución configuró "un marco de apoyo institucional crítico y condicionado a contenidos claros".
Además, subraya que "una condición reiteradamente expuesta por algunos de los mediadores a ETA y a la izquierda abertzale, para continuar con su labor, era contar con el apoyo del Gobierno Vasco y especialmente del Lehendakari".
"La izquierda abertzale necesitaba al Gobierno Vasco porque los mediadores internacionales le necesitaban, y también porque de no contar con este apoyo cualquier paso que se fuese a dar pondría de manifiesto su soledad en el final de ETA, y su crédito sería mínimo", indica el documento.
Contactos con Rajoy
En este contexto, Iñigo Urkullu mantuvo el 14 de marzo una reunión con el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que le explicó la posibilidad de "un desarme legal, definitivo e incondicional de ETA a corto plazo".
Además, Urkullu trasladó a Rajoy la conveniencia de que el Ejecutivo central no impidiera la entrega de las armas y barajara con el Gobierno francés la conveniencia de establecer, en relación a los 'artesanos de la paz', "unas reglas de juego y de legalidad para el desarme".
A los dos días, según el documento, este llamó al lehendakari, y le comunicó, "a su manera, no demasiado explícita", que su petición "sería tenida en cuenta". "Lo cierto es que las dos sugerencias hechas por el Lehendakari fueron atendidas. Rajoy y el Gobierno español no impidieron el desarme ni empujaron al Gobierno francés a hacerlo", y el Ejecutivo galo "estableció unas reglas de juego legales para dejar que el desarme se materializase", señala el texto.
El gabinete de Iñigo Urkullu había activado también sus contactos con autoridades francesas, y su receptividad era "buena". Además, esos días tuvo "constancia de importantes presiones hacia los dos Gobiernos impulsados desde sectores policiales y conservadores que no entendían por qué las policías francesa y española no intervenían contundentemente para impedir y abortar este proceso de desarme".
Desde el 14 de marzo hasta el 8 de abril, el lehendakari mantuvo "un contacto permanente" con Mariano Rajoy "para compartir información y para que ni el Gobierno español ni el francés impidieran el desarme". Asimismo, el Gobierno Vasco mantuvo "intenso contacto" con interlocutores de las autoridades francesas "para definir exactamente cuál había de ser el terreno de juego para que el desarme fuese legal y viable".
El día del desarme, el 8 de abril, el lehendakari no estuvo presente en el acto planificado en Baiona porque a los 'artesanos de la paz' solo les interesaba como "invitado pasivo". Tampoco su Ejecutivo participó en el programa de actos diseñados por estos, pero sí contribuyó a que el modelo de entrega de armas fuera "legal, definitivo y sin contrapartidas", muy similar al plan marcado por el Gobierno Vasco el 21 de diciembre de 2014, que había sido descalificado ETA.
El Gabinete Urkullu reconoce que, pese a intentar evitarlo, no pudo impedir que se hiciera pública la fecha del desarme con tres semanas de antelación, "en consecuencia, no consiguió evitar la sobreexposición mediática y de actos públicos que durante aquellas semanas tenían previstos los 'artesanos', ni tampoco que "se suprimiera la participación de 'voluntarios-observadores'".
"No fue posible convencer a los 'artesanos' y a la izquierda abertzale de separar, por respeto a las víctimas, la fecha del desarme y la pretensión de hacer un acto de movilización social", apunta, para subrayar "hasta una hora antes del desarme" no se conoció "el inventario claro de las armas que ETA iba a entregar".
No obstante, el Gobierno Vasco logró que se modificaran "algunos de sus planteamientos de partida", como que no se "destruirían armas" ni habría "llamamiento público a la inscripción de voluntarios para acudir como observadores a los zulos".
"El número de 'voluntarios-observadores' no sería de cientos en cada zulo, sino de un grupo reducido de entre 10 y 20 personas en cada emplazamiento. El acto social del 8 de abril no tendría carácter festivo, como originalmente estaba previsto, y tendría en cuenta la sensibilidad de las víctimas", apunta el informe.
En cuanto al desarme y disolución de ETA, esta última certificada el 4 de mayo de 2018, el Ejecutivo vasco apunta que su "colaboración exigente contribuyó a que fueran definitivos y no se dilatasen todavía más en maniobras tácticas o estratégicas de dosificación, escenificación y gestión política del final" de la banda.
El retraso en el proceso de fin de ETA tenía que ver, a juicio del Gobierno de Urkullu, principalmente, "con la tentación de utilizar políticamente el final de ETA", aunque también influyeron las divisiones internas de ETA y la ausencia de "un liderazgo sólido y valiente".
"ETA no podía negociar con el Estado. No obstante, ETA quería seguir 'negociando' con su final, negociaban consigo mismos, negociaban con los mediadores y pretendían negociar con las instituciones vascas, con los partidos, con los agentes sociales vascos y con la propia sociedad", ha apuntado.
El informe también considera que los mediadores internacionales "actuaban con ambivalencia y, en alguna medida, se dejaban llevar,aceptando de uno u otro modo los pretextos de ETA para demorar el proceso".
Tal como apunta el documento y aseguró recientemente el Lehendakari en un acto público, "el final de ETA es la ratificación de que nunca debió existir". "Confirma que recurrir a la violencia, sentirse con capacidad de violar los derechos humanos de otras personas con una finalidad política, es una aberración ética y un inmenso error político", añade.
Tras asegurar que "el rastro de sus consecuencias se extenderá por mucho tiempo todavía", destaca que queda como tarea pendiente "una reflexión crítica del pasado lo suficientemente clara como para que tuviera efectos sociales y políticos transformadores".
