La utilización por parte de la sociedad pública Canal de Isabel II de una empresa pantalla radicada en Panamá para comprar en 2001 la sociedad colombiana Interamericana de Aguas (Inassa) refuerza los indicios de que la operación, por la que tendrá que declarar como imputado el 7 de junio el expresidente de la Comunidad de Madrid y el exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón, fue irregular, según explican a Vozpópuli fuentes del caso.
En concreto, se trata de la sociedad panameña Aguas de América, que en la ruinosa operación para los intereses públicos actuó como sociedad 'offshore', ya que se creó expresamente como intermediario en la operación que hizo el Canal de Isabel II del 75% de Inassa. Justo después de la compraventa, decidida por Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal, Aguas de América fue disuelta.
La mercantil panameña Aguas de América se constituyó en Panamá el 2 de marzo de 2000 y se disolvió inmediatamente después de la operación descrita, según explica la Fiscalía Anticorrupción, que alude a la fecha de 21 de febrero de 2002.
"Grave quebranto"
El acuerdo del Consejo de Administración del Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001 y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 29 de noviembre de 2001, se adoptaron intencionadamente con "un grave quebranto de la legalidad vigente", según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que ya en octubre de 2017 veía indicios para dirigir la acusación contra Gallardón.
Además, el agente de la sociedad en Panamá era el despacho de abogados De Obaldia y García de Paredes, que también aparece en la segunda compraventa bajos sospecha, la de la brasileña Emissao en 2013, en la que el arrepentido Edmundo García Sobrino reconoció haber cobrado más de 5 millones en comisiones ilegales, de las que más de 1 millón de euros serían para el presunto cabecilla de la trama 'Lezo' y expresidente madrileño, Ignacio González.
La reciente visita realizada por el magistrado Manuel García-Castellón a Colombia ha tenido como consecuencia el refuerzo de los indicios de las irregularidades detectadas en las dos operaciones de compraventa bajo sospecha: la realizada en 2001 para adquirir Inassa, y la de 2013 para comprar la brasileña Emissao.
Desvío de fondos
La Fiscalía Anticorrupción considera que la operación fue ruinosa al destacar que en 2000, Aguas de Barcelona vendió a la panameña Aguas de América su participación del 20% del capital de Inassa por 6.148.000 euros, generando un beneficio de 2.861.000 euros. "Con este dato, indiciariamente, si el 20% de Inassa que vende Agbar tenia un precio de 7 millones de euros, el 75% que compra el Canal de Isabel II sólo podía costar 26,25 millones de euros".
El resto, hasta 83 millones (56.75 millones) seria el valor del resto de las empresas propiedad de Aguas de América, algo que según la Fiscalía Anticorrupción "resulta manifiestamente infundado constituyendo un elemento indiciario del desvío de fondos".
