La declaración de intereses (rentas y bienes) que el Congreso de los diputados ha publicado en su página web da muchas facilidades a los políticos para omitir o reducir parte de sus ingresos, también sus bienes patrimoniales, y a la vez para magnificar su contribución a Hacienda. Se trata de una declaración que hace muy poco por la transparencia que debería corresponder a quienes tienen la capacidad legislativa y también ejecutiva del país. El modelo de declaración permite, por ejemplo, que se desconozca el sueldo individualizado de los diputados (también de senadores) como altos cargos del Estado y que, por ejemplo, sólo un tercio de los actuales ministros en funciones informen de sus salarios reales en 2018.
El presidente, Pedro Sánchez, señala que cobró como presidente del Gobierno 35.299,48 euros (de junio a diciembre). Sin embargo, en los datos del Portal de Transparencia del Estado aparece una cifra superior: 47.097,47 euros. Lo mismo ocurre con la mayor parte de sus ministros: la vicepresidenta Carmen Calvo informa de 36.045,31 euros mientras que en el Portal constan 46.807,16 desde que fue nombrada en junio hasta fin de año.
Por su parte, José Luis Ábalos (ministro de Fomento) manifiesta 27.217,25 frente a los 40.561,68 euros de sueldo que figuran en el Portal; Dolores Delgado (Justicia) informa de 31.427,31 frente a los 45.995,23 oficiales. Isabel Celaá (Educación) señala 28.187,12 frente a los 40.561,67 del Portal; Reyes Maroto (Industria) indica 31.353 frente a los 40.562; Luis Planas (Agricultura) cumplimenta 30.904,47 frente a los 44.174,61 euros publicados; Meritxell Batet (Política Territorial y actual presidenta del Congreso) informa de 31.352,75 frente a los 40.561,68 que constan; y María Luisa Carcedo (Sanidad) declara 14.807,80 frente a 21.678,94 euros percibidos realmente desde septiembre.
Por su parte, José Guirao (Cultura) dice haber obtenido 6.100 euros brutos al mes desde el 14 de junio en que asumió esta cartera cuando en el Portal de Transparencia figuran curiosamente 26.823,44 euros desde esa fecha.
No se trata de una ilegalidad manifiesta sino de una falta de transparencia
Los datos no coinciden
Sólo los ingresos declarados al Congreso por seis ministros, un tercio del total de miembros del Ejecutivo, coinciden con los publicados por el Portal de Transparencia: Margarita Robles (Defensa), con 47.836,33 euros; María Jesús Montero (Hacienda), con 43.509,35; Fernando Grande-Marlaska (Interior), con 45.598,69; Pedro Duque (Ciencia), con 40.562,10; Magdalena Valerio (Trabajo), con 42.525,44; y Teresa Ribera (Transición Ecológica), con 42.067,06 euros. Los ministros de Exteriores, Josep Borrell, y de Economía, Nadia Calviño, no han realizado la declaración de intereses del Congreso ya que no son diputados en esta legislatura. En todo caso, aparecen versiones distintas de los ingresos.
¿Por qué se produce este desfase entre la declaración del Congreso y los ingresos oficiales? No se trata de una ilegalidad manifiesta sino de una falta de transparencia. Se debe a las generosas particularidades que existen para cumplimentar el formulario, elaborado por el propio Gobierno de la Cámara (Mesa). Así, sus señorías pueden facilitar sólo los ingresos netos (una vez descontadas las retenciones del IRPF) obtenidos fuera de la Cámara mientras que no declaran las rentas obtenidas en el Congreso. El argumento oficial es que el sueldo figura en la página web. Sin embargo, sólo se informa genéricamente de las remuneraciones mensuales (aparecen cantidades bajas) de los diputados, pero no se dice que son por 14 pagas, mientras que se desconoce las percepciones individuales de quienes, por ejemplo, reciben complementos por ser portavoces o presidir comisiones.
En todo caso, en estas cifras no aparecerían “las indemnizaciones” de entre 12.500 y 26.300 euros anuales (para los diputados madrileños o de otras circunscripciones) dedicadas “a cubrir gastos y por ello exentas de tributación” que se aprobaron los parlamentarios para, por ejemplo, comer y dormir en Madrid durante las sesiones. Pero, muchos de ellos tienen casa o viven en la capital y además se cobran por 14 meses cuando el año sólo tiene 12.
Falta de transparencia
Toda esta amalgama de letra pequeña evita la total transparencia de los ingresos de los políticos. De esta forma, Sánchez no declara en el Congreso el 100% de dichos ingresos como presidente del Ejecutivo, sino el 75% (la retención fiscal es del 25%). En este sentido, Celaá, por ejemplo, dice haber obtenido 12.300 euros menos de los que figuran en el Portal de Transparencia del Estado al tener una retención fiscal superior (del 30%) ya que cuando fue nombrada ministra de Educación acumulaba 13.200 euros de ingresos, se supone que también netos, de la pensión de jubilación. Aunque no declara sus ingresos como diputado en 2018, sólo Ábalos (también Delgado), advierte en su declaración que se trata de ingresos netos. Pero, el ministro de Fomento extiende esta opción a otras rentas que en teoría no contempla el formulario para declarar en neto. Así, manifiesta haber obtenido 7.334 euros netos por arrendamiento de un bajo comercial.
Lo mismo parece que interpretan otras señorías a la hora de manifestar los rendimientos de dividendos y participaciones en sociedades o los intereses de cuentas y depósitos que tienen la consideración de rentas en el IRPF. Es decir, en muchos casos no se sabe si las rentas obtenidas por los parlamentarios ajenas a la Cámara son netas o brutas. Da la sensación de que el objetivo de esta primera página del formulario que rellenan sus señorías es que parezca que cobran poco, mientras que pagan mucho a Hacienda. Así, existe una casilla en la que los diputados deben consignar la “cantidad pagada por IRPF”. Es decir, no deben decir si la declaración de la renta les sale positiva o negativa sino indicar “la cuota líquida en el ejercicio anterior a la fecha de esta declaración, es decir, el pago final si lo hubiese más retenciones”. De esta forma, los resultados aparentes de esta declaración de intereses es que, por ejemplo, Ábalos dice haber ganado unos 34.000 euros y señala que ha abonado a Hacienda más 18.000, es decir, más de la mitad.
En estas cifras no aparecerían “las indemnizaciones” de entre 12.500 y 26.300 euros anuales dedicadas “a cubrir gastos"
El Portal de Transparencia de altos cargos del Estado permite observar también que, por ejemplo, la ex ministra de Agricultura del PP, Isabel García Tejerina, también declara al Congreso en neto los ingresos obtenidos en 2018 (20.874 euros frente a los casi 30. 493 del Portal) así como los 20.667 como vicesecretaria general del PP. En todo caso, Tejerina es de los pocos diputados que informa del número de sus acciones cotizadas y de la fecha de su valoración. Sin embargo, el nuevo fichaje de Ciudadanos, Marcos De Quinto, señala genéricamente que tiene “distintas acciones cotizadas en bolsa española y extranjera” por valor de 10,7 millones sin informar de qué empresas se trata.
Intereses contrapuestos
Esta información incompleta es frecuente en los formularios de los políticos. La información es importante ya que en algún momento puede producirse una colisión de intereses o un conflicto de intereses si, por ejemplo, un diputado de la comisión de energía tiene que votar una ley que afecte a los intereses de la empresa de la que es inversor. Sólo hay que recordar que la CNMV sancionó con 30.000 euros al ministro Borrell por vender las acciones de su pareja en Abengoa por usar información privilegiada. No se suele aclarar si el patrimonio declarado corresponde a la mitad en caso de bienes gananciales. Otra ausencia importante en el formulario es que permite a los diputados enumerar sus propiedades inmobiliarias sin informar de su valor (catastral al menos o de mercado). Muchos de ellos tampoco señalan con qué entidad financiera, privada o con participación pública, tienen suscrita una hipoteca o un préstamo ni en qué condiciones. Lo que si facilitan es su importante deuda hipotecaria.
Las declaraciones dejan mucho que desear, son un auténtico galimatías para salir del paso. Incluso, algunos diputados ponen datos de 2017 y no se sabe si los actualizarán.
Pero, al desconocerse el valor de sus pisos, da la sensación de que están hipotecados hasta las cejas y que su patrimonio no está respaldado por un buen colchón patrimonial. Para que la transparencia fuera aún mayor sería recomendable también que los diputados tuvieran que informar sobre si tienen o participan en SICAV o si disponen de sociedades patrimoniales para reducir su factura fiscal, como sucedió con varios ministros o si acumulan bienes o rentas en el extranjero y, en todo caso, si se han acogido a la declaración a bajo coste fiscal o, incluso, si optaron por la amnistía fiscal.
Las declaraciones dejan mucho que desear, son un auténtico galimatías para salir del paso. Incluso, algunos diputados ponen datos de 2017 y no se sabe si los actualizarán. Se han convertido en un mero trámite ya que llama la atención que el legislador, es decir, los propios diputados, no haya establecido un régimen sancionador para quienes omitan datos esenciales, no serán veraces o hayan ocultado información. Es más, ni siquiera se ha establecido un sistema de verificación de los datos por parte de los servicios de la Cámara. Bastaría con cruzar estos datos con las declaraciones de IRPF y de patrimonio. Por ejemplo, en la declaración de intereses del que fue senador y tesorero del PP Luis Bárcenas no se hacía mención alguna de su patrimonio en Suiza.
Todo ello sucede pese a que en el preámbulo de la exposición de motivos de la normativa en vigor, Ley de 15 de julio de 2011 que modifica el artículo 160 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, se señala que “los diputados y senadores han de ser ejemplo de rigor y transparencia, de manera que ambos principios constituyan las señas de identidad de su actividad política”... “Las circunstancias de la vida pública española operan a favor de la transparencia de las rentas y bienes de las personas que elaboran y aprueban las leyes” … Y añade curiosamente que la presente ley pretende contribuir a liberar a sus señorías “de injustificables valoraciones negativas que muchas veces se predican del colectivo de los políticos teniendo como única base los juicios previos, prejuicios que sólo pueden arraigar en una opinión pública no suficientemente informada”.
La transparencia de los datos económicos de quienes aprueban las leyes en España ha sido una eterna asignatura pendiente. Hasta 2011, tras publicarse por primera los sueldos genéricos de los diputados y senadores y el cerco de las Cámaras por parte de los manifestantes del 15-M, los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Francisco Javier Rojo, acordaron el actual formulario sustituyendo los anteriores, cuyas declaraciones no eran técnicamente públicas, ya que sólo se podían consultar (a partir de 2010) tras una autorización que permitía tomar notas bajo vigilancia estricta de un funcionario.
Anteriormente, desde 1995 por ejemplo, se señalaba que se excluía del carácter público los bienes patrimoniales. Lo más curioso es que los formularios de las declaraciones antiguos era más extensos y concretos que el actual ya que incluso en el de actividades había que informar del detalle del desempeño público (había 37 casillas) o si ejercía una actividad privada o se era contratista, suministrador o fiador de obras públicas. Es más, en el modelo aprobado en 2010 de declaración de bienes patrimoniales, que duró menos de un año, había que describir al detalle: los bienes inmuebles propiedad del diputado así como su valor a efectos fiscales; los valores cedidos a terceros de capitales propios negociados en mercados oficiales y otros; e incluso joyas, aviones y objetos de arte y antigüedades.
