Vox ha registrado una proposición de ley en el Congreso para eliminar de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público el artículo que permite nombrar, como excepción, a personas ajenas a la Administración como directores generales, una vía por la que denuncia que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos llevan nombradas ya a 25 personas.
El grupo parlamentario que capitanea Santiago Abascal ha registrado esta iniciativa con la intención de poner fin al uso que los distintos gobiernos han hecho de esta excepcionalidad que permite la actual norma para nombrar "a dedo" a los directores generales no profesionales.
"Pero el culmen ha llegado con este Gobierno autodenominado progresista y del cambio, que ha nombrado a 25 directores generales sin reunir la condición de funcionario", lo que, según los diputados José María Figaredo y Eduardo Ruiz, firmantes de esta propuesta, lo que era una excepción se ha convertido en una "opción".
Hay que "reforzar" su independencia profesional
Así las cosas, en su iniciativa, Vox aboga por suprimir la "circunstancia excepcional" en el nombramiento de directores generales no funcionarios que establece la citada Ley del Sector Público para garantizar de esta manera "la absoluta tecnificación y profesionalización" de este personal.
Vox apuesta por aprobar un Estatuto del Directivo Público que separe el proceso de selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado
"Aunque estos cargos puedan y deban ser libremente proveídos entre personas de confianza política, esa libertad debe circunscribirse exclusivamente a funcionarios de carrera del Estado", explican los diputados proponentes, quien insisten en que el objetivo es "reforzar la responsabilidad y la independencia profesional y de criterio de los cuerpos superiores de la Administración y, por tanto, de toda la actividad administrativa".
No obstante, Vox sostiene que esta modificación debe enmarcarse en un contexto de "necesaria modernización" y de reforma de la función pública, por lo que apuesta por aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita separar "de manera clara y contundente" el proceso de selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado.
Todo, apostilla, para garantizar una vez más la "independencia, profesionalidad, estabilidad y calidad en el desempeño" del trabajo.
