La legislación es clara. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) no tiene ninguna ascendencia operativa ante un despliegue militar como el que se está desarrollando estos días en Valencia, pese a la envergadura de un dispositivo que alcanza los 8.500 efectivos. Desde ciertas esferas se barrunta sobre la escasa presencia del almirante Teodoro Esteban López Calderón, pero lo cierto es que la máxima autoridad militar en las actuales circunstancias recae en el general en jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Elevar el nivel de emergencia al tercer escalón únicamente serviría para que la UME, en vez de quedar supeditada a la comunidad autónoma, estuviera bajo las órdenes del Ministerio del Interior.
La comparación con los acontecimientos que se vivieron durante la pandemia del coronavirus no es válida. Durante aquellos meses, el entonces Jemad, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, atendía con asiduidad en comparecencias públicas, rindiendo cuentas del dispositivo militar en el marco de la Operación Balmis. ¿Por qué entonces sí y ahora no? Porque entonces se había decretado un estado de alarma y, por tanto, estaba al mando directo de todo el operativo.
Ahora no hay un estado de alarma, sino un nivel dos de emergencia. La legislación establece los principios por los que se rigen las Fuerzas Armadas ante estos supuestos: todo despliegue militar queda bajo mando de la UME, aunque otros cuerpos aporten una mayor presencia de efectivos. Eso es lo que está ocurriendo en Valencia: el Ejército de Tierra ya cuenta con mayor número de personal que la UME, pero es ésta la que coordina todo el dispositivo, que además incluye al Ejército del Aire y de la Armada, así como de la Guardia Real o de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN).
De nivel 2 a nivel 3
¿Y a quién rinde cuentas la UME en las circunstancias actuales? Atendiendo al nivel dos de emergencia, las capacidades se transfieren a la comunidad autónoma que gestiona la catástrofe; en este caso, al Gobierno autonómico de Carlos Mazón. Las necesidades y despliegues se consensúan con la autoridad regional y, en base a las capacidades militares ofrecidas -8.500 militares y un sinfín de medios y vehículos, por tierra, mar y aire-, se establecen las actuaciones.
En esta ecuación, y siguiendo la legislación vigente, al Jemad no le corresponde ninguna función en relación a la gestión de la crisis en Valencia, que se ha cobrado la vida de más de 200 personas y ha dejado cuantiosos daños materiales que aún no se han terminado de cuantificar.
El escenario, en lo que al Jemad se refiere, tampoco variaría si se escalase al nivel tres de emergencia. En ese caso, todas las capacidades militares seguirían al mando del general en jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos. Sin embargo, la gestión de la crisis dejaría de estar en manos de la Comunidad Autónoma y pasarían al Gobierno central. En concreto, al Ministerio del Interior, que sería el departamento que coordinase todo el despliegue militar y policial ante la catástrofe. O lo que es lo mismo, el jefe de la UME atendería las peticiones formuladas por Fernando Grande-Marlaska.
Ninguno de los escenarios abren las puertas a la intervención directa del Jemad en la crisis. Ni siquiera aunque ahora nos enfrentemos al mayor despliegue militar en territorio nacional en tiempos de paz, por encima del número de efectivos que se llegaron a desplegar en pandemia: por entonces se alcanzó una cifra que no llegaba a los 8.000 militares diarios, mientras que ahora se encuentran casi 8.500, aunque el esfuerzo contra el coronavirus fue más sostenido en el tiempo. La diferencia entonces es que entonces se decretó el estado de alarma y ahora nos encontramos en una situación de emergencia.
De ahí que la mayor autoridad militar en Valencia sea el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos, que es quien está compareciendo ante los medios de comunicación para rendir cuentas del dispositivo de rescate y apoyo ante las consecuencias de la DANA.
