El apoyo anunciado por Bildu a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con retrasar aún más la renovación de la Justicia. El PP avisa de que “cada vez se hace más difícil llegar a acuerdos de Estado” como el nombramiento de un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “con un Gobierno que se está enfrentando al Estado”. Lo dice en conversación con Vozpópuli el responsable popular en materia de Justicia, Enrique López, el negociador designado para abordar estos cambios con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
“No estoy en condiciones de decir que impide (el acuerdo), lo que digo es que dificulta mucho. Genera un escenario en el que es difícil sentarse con un Gobierno que se comporta de esta manera”, advierte el también consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid y persona de confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Actualmente, insiste, no se está produciendo “negociación alguna ni contactos”. “Es que cada día pasa algo. Este Gobierno ha presentado el peor rostro".
Pone el foco especialmente en las alianzas del Ejecutivo de PSOE y Podemos con ERC y los herederos de la histórica Batasuna: “Estamos ante un Gobierno fallido, imposible. No es que se aparte más del Estado, sino que está yendo contra el Estado de la mano de aquellos que quieren acabar con el orden constitucional”. Sostiene que las consecuencias están siendo “convertir al español en una lengua invisible en Cataluña” o acercar a “etarras condenados por asesinatos como los del matrimonio Jiménez-Becerril”. “Suman ya más de cien etarras acercados en el último año”, protesta.
Sánchez falta a la verdad cuando dice que el acuerdo estaba cerrado al 90 por ciento, eso sencillamente no es verdad
Evita definirse optimista o pesimista ante un acuerdo por renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces y a que este pueda anunciarse antes del Día de la Constitución, pero se limita a recordar que las condiciones que puso el PP no se han cumplido todavía y a eso se le suma ahora el acuerdo con estas formaciones para sacar adelante las cuentas públicas: “No estoy diciendo que eso vaya a impedir un acuerdo, lo que estoy diciendo es que hace difícil alcanzar acuerdos de Estado con un partido que no solo se está separando del Estado, sino enfrentando”.
Para él, las condiciones están claras. Pasan por que el Gobierno retire del todo la propuesta de reducir el número de apoyos necesarios en las Cortes para elegir a los miembros del CGPJ, que Podemos no esté en las negociaciones y que los vocales elegidos no hayan desempeñado funciones políticas o próximas a los partidos en los últimos diez años. “Esas son las condiciones que permitirían avanzar en el diálogo que a su vez tendría como resultado la renovación”, dice López, quien se aleja de los discursos que emanan del Gobierno y que apuntan a un acuerdo inminente.
López se detiene en el tercer punto, sobre la desvinculación política de los candidatos. Considera que es la forma de garantizar que Podemos no esté presente en el futuro de la Justicia y de ese modo ya se cumplirían “dos de las tres condiciones”. “No queremos otra Dolores Delgado en el Consejo. Evidentemente nadie puede negar que las personas tengan ideología, yo la tengo. Lo que no queremos es que haya personas que hayan tenido relación con la actividad política o próxima. Pero esto se refiere a cualquier persona, no solo con Podemos”, explica en estas declaraciones como antesala de una entrevista más amplia que este periódico publicará el sábado.
El ministro se referirá al contacto personal, pero no al contacto concreto en lo que se refiere a la renovación del CGPJ
Matiza que cuando su interlocutor socialista, Juan Carlos Campo, dice que en ningún momento se rompió el diálogo entre ambos, “se referirá al contacto personal, pero no al contacto concreto en lo que se refiere a la renovación del CGPJ”. “Quedó suspendido en el mes de agosto”, fija López, que insiste que desde entonces no ha habido avances. Las conversaciones mantenidas entonces serán el punto de partida, pero en referencia al estado de la cuestión también enmienda al presidente Sánchez: “Falta a la verdad cuando dice que el acuerdo estaba cerrado al 90%, eso sencillamente no es verdad”.
Niega que haya sobre la mesa un reparto numérico de vocales o que ya hayan decidido nombrar a una mujer por primera vez -lo que la convertiría también en presidenta del Tribunal Supremo-, pero evita ofrecer nombres. “No habíamos alcanzado un acuerdo de esa naturaleza, debe hacerse con discreción política. Lo que sí puedo garantizar es que ese porcentaje del 90% no estaba alcanzado ni de lejos”.
Tribunal Constitucional
Otro de los frentes en la renovación judicial es el Tribunal Constitucional, en cuya mesa esperan asuntos clave como el recurso contra la sentencia del procés en Cataluña que condenó al Gobierno de la Generalitat. Este organismo tiene a cuatro de sus doce miembros pendientes de renovar y en julio de 2022 el Gobierno podrá nombrar dos nuevos magistrados sin necesidad de pacto, lo que decantará el equilibrio de fuerzas en favor del sector progresista. Pero el PP prefiere no situarse en ese momento todavía: “No sabemos qué Gobierno habrá, si seguirá Sánchez en La Moncloa. Si seguirá un bipartido, si habrá habido elecciones anticipadas…”.
El negociador de los populares niega también que las declaraciones contra la negociación por la Justicia de la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, alterasen el tablero porque las conversaciones ya se habían roto antes cuando Podemos pidió la abdicación de Felipe VI tras la marcha a Dubái del rey emérito por las investigaciones sobre su presunto dinero en Suiza. Protesta además contra el relato del Gobierno que sitúa al PP como culpable del bloqueo en la negociación.
López pone el punto de partida de la parálisis a finales de 2018 y no culpa al mensaje de móvil del exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, que se jactó de que el acuerdo les permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo. Señala a la filtración desde el Ministerio de Justicia que dirigía Dolores Delgado del nombre del candidato de consenso seleccionado, el juez Manuel Marchena, que renunció al cargo al ponerse en duda su imparcialidad. Lo que siguió, según apunta, fue un 2019 con dos convocatorias electorales y un 2020 que arrancó con el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado y siguió con una pandemia hasta junio.
