El Partido Popular cruza los dedos para que el 'caso pitufeo', en el que se investiga desde hace cinco años el supuesto blanqueo dentro del grupo municipal del PP de Valencia, no estalle a unos días de la convención nacional que se celebrará en la capital del Turia los días 2 y 3 de octubre.
La investigación concluyó formalmente en enero, tras la providencia del Juzgado de Instrucción 18 con la que se puso fin a las indagaciones en las que están imputados medio centenar de exediles, asesores y exasesores de la etapa de la alcaldesa Rita Barberá.
La Fiscalía Anticorrupción les acusa de blanquear 50.000 euros de una supuesta 'caja b' en el partido con un método que, básicamente, consistía en donar 1.000 euros mediante transferencia bancaria y luego el PP de Valencia los devolvía con dos billetes de 500 euros. Tras el fallecimiento de la exalcaldesa en 2016, el principal investigado en la trama es su antigua mano derecha, Alfonso Grau.
Este último se encuentra en prisión desde mediados de mayo después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ordenase prisión incondicional para él junto al exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y tres empresarios, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas en el marco del 'caso Azud'.
La investigación del 'caso pitufeo' ha sido azarosa y una caja de sorpresas. Anticorrupción pidió seguir las pesquisas a finales de 2018 y una veintena de los investigados se opusieron a prolongar las diligencias, si bien el juez instructor -de baja por enfermedad en aquel momento- no llegó a resolver esta disparidad de criterio, según Las Provincias.
La jueza sustituta que asumió la causa decretó en enero de este año que no se practicarían más diligencias en esta pieza después de tomar declaración a dos investigados que rompieron la estrategia de las defensas. Fueron el exconcejal Alberto Mendoza y la asesora Cristina Montalva, quienes confirmaron ante la jueza que les ofrecieron la devolución del dinero, aunque ambos descartaron esa posibilidad.
El resto de los imputados, salvo una trabajadora arrepentida y varios testigos, niegan que hubiese una propuesta del PP de Valencia para reintegrarles los 1.000 euros previamente donados con dos billetes de 500 en mano.
La preocupación del PP
El hecho de que no se resolviese a finales de 2018 la petición de la Fiscalía de prorrogar las pesquisas, plantea desde entonces dudas jurídicas sobre las siguientes actuaciones del juzgado a partir de esa fecha. En todo caso, la instrucción lleva un par de años parada y las partes están ahora a la espera del auto que determinará el archivo de la misma o el procesamiento de los investigados y la consiguiente apertura de juicio oral. Esto último es lo que preocupa sobremanera al PP cuando faltan dos semanas para el cónclave de Valencia, según varios de los investigados consultados por Vozpópuli.
Las defensas saben desde enero que se liberó de señalamientos el mes de marzo para que el juez pudiera concentrarse en esta pieza del blanqueo y en otras de las conocidas como el caso Imelsa, las indagaciones respecto a Alfonso Rus, que se encuentran en una situación similar. La previsión se ha demorado una vez más, una situación que tiene en tensión a buena parte de los investigados.
