El Partido Popular creará un fondo de capitalización individual para cada trabajador que incluya la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad. Esta es una de las medidas que el PP ha incluido en su programa electoral, hecho público este martes, y que es similar al modelo austríaco.

El citado modelo austríaco consiste en la creación de un fondo para cada trabajador, mediante una cotización empresarial, en el que cada año se va acumulando lo que costaría su despido. En el caso de que un trabajador cambie de empresa, ese fondo no se perdería, sino que va con él a la nueva sociedad en la que trabaje y, lo recibe al final de su vida laboral si nunca ha sido despedido. La posibilidad de implantar un modelo similar fue ampliamente estudiado por la Fundación Ideas del PSOE y en su estudio participó el actual ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, cuando aún no era miembro del Gobierno.

Según el programa del PP, la creación de este "fondo de capitalización individualizado" para cada trabajador se haría de "forma acompasada a la recuperación económica" y contemplaría la cobertura frente al desempleo, favorecería la movilidad del trabajador y la formación continua.

En el capítulo del programa popular dedicado al empleo "Empleo seguro y flexible para todos", el PP hace un diagnóstico de cómo es actualmente el mercado laboral y afirma que es "rígido, excesivamente regulado y segmentado" y esto ha hecho que "el principal mecanismo de ajuste de las empresas ante la crisis económica haya sido el despido de los trabajadores más jóvenes, con contratos temporales o con menor antigüedad, cuando no el cierre".

Además, creen que se ha producido una "segmentación entre los trabajadores temporales y fijos" y quieren acabar con ello "como garantía de cohesión social". Dicen, que su intención es proporcionar a los emprendedores "vías efectivas de flexibilidad" y "certidumbre" para que puedan contratar nuevos trabajadores". "Haremos que el coste de la adaptación a los cambios no impida la creación de empleo", afirma el programa.

Para ello, ahora propone realizar una "reforma integral" del mercado de trabajo, en el que se simplifique la "tipología" de contratos laborales para reducir la temporalidad y "dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad" a trabajadores y empresas.

Además de reformar la estructura de la negociación colectiva para que los convenios sean de empresas, plantean mecanismos de "flexibilidad interna" en las condiciones de trabajo para adaptarse a los cambios y se proponen crear un "derecho individual" a la formación permanente con la c creación de un "bono formación".

También quieren reducir los periodos de transición en el desempleo a través de la eficaz colaboración "público-privada en los servicios globales de empleo", permitiendo la gestión integral de los servicios de intermediación, selección de personal y puesta a disposición de trabajadores, recolocación y formación tanto a trabajadores como a empresas.

El PAP reforzará los mecanismos de control y prevención para evitar los comportamientos abusivos que supongan trato discriminatorio contra los trabajadores o un absentismo laboral injustificado.

EXIMIR DE TRIBUTACIONES A LOS BUSINESS ANGELS

En el capítulo de los emprendedores, los populares, además de la ya anunciada Ley de Emprendedores, manifiestan su intención de sustituir los controles y licencias previos para el establecimiento de actividades empresariales por mecanismos de control y sanción a posterior basados en el principio de proporcionalidad, excepto para aquellos casos que afecten a la seguridad pública.

Además, se proponen agilizar los trámites de creación de empresas, asegurando una eficaz coordinación de todas las administraciones para que sea posible crear una empresa en 24 horas.

Otra de las medidas para fomentar la financiación empresarial alternativa a la banca es la creación de fondos mixtos público-privados de capital riesgo, además de los business angles, eximiendo de tributación las operaciones de ampliación de capital derivadas de estas inversiones.

A todo ello sumarán la decisión de flexibilizar las condiciones de la línea del ICO para financiar las deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos, garantizando que sea accesible a todos sus destinatarios.