La polémica de los trenes cuyo diseño no encaja en los túneles de Asturias y Cantabria llega hasta el Congreso de los Diputados. El Partido Popular (PP) ha registrado una serie de iniciativas para investigar a fondo los motivos que fundamentaron una decisión errónea: entre otros, pide todas las comunicaciones y actas de Renfe relacionadas con el proyecto. Desde el partido también han solicitado cinco comparecencias -incluida la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez-, así como información sobre un posible sobrecoste en las obras.
El origen de la polémica tiene lugar en el diseño inadecuado de 31 trenes que se destinarían a diferentes comunidades autónomas, principalmente a Asturias y Cantabria. Renfe encargó el proyecto a Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por un precio ligeramente superior a los 196 millones de euros. Ésta última, en base a la documentación que facilitó la empresa pública ferroviaria, diseñó unos trenes que no encajan en los túneles de las regiones presididas por Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla.
El origen del problema, como contó Vozpópuli, estaría en una mala interpretación de los gálibos descritos en una instrucción ministerial de Fomento -actual Transportes-, que recoge las medidas para nuevas obras o acondicionamientos, no para las particularidades de Asturias y Cantabria.
La crisis, no obstante, ha desencadenado una airada polémica en el ámbito político, toda vez que Barbón y Revilla -a las puertas de las próximas elecciones municipales- exigieron ceses por el error, y el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez se los concedió: dos cargos de Renfe y Adif han sido destituidos, antes incluso de ponerse en marcha una auditoría interna para aclarar qué falló en el proceso.
Las "comunicaciones o escritos"
Con todo esto, el PP ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso para obtener más información sobre la crisis de los trenes. Según ha podido saber Vozpópuli, el partido pide todas “comunicaciones o escritos” remitidos por la empresa CAF a Renfe en relación con el proyecto, así como las que Renfe envió a las comunidades autónomas. También las “comunicaciones de la adjudicataria advirtiendo del error y de los posibles gastos asociados a las actuaciones ya realizadas.
Además, el PP exige al Gobierno información clave sobre el proyecto y el proceso de licitación. A saber, el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, la solvencia del contrato, la responsabilidad del mismo, la documentación preparatoria, los informes preceptivos, las ofertas presentadas o las autorizaciones administrativas. A ello habría que sumar las actas de los Consejos de Administración de Renfe y Adif en los que se haya tratado el tema, los informes de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el contrato suscrito con CAF y las actas asociadas a la ejecución de dicho contrato.
Cinco solicitudes de comparecencia
La ofensiva parlamentaria va acompañada de cinco solicitudes de comparecencias en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. Se trata de Raquel Sánchez, ministra del ramo, de la secretaria de Estado del Ministerio, del secretario general de Infraestructuras y presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), así como las de los presidentes de Renfe y de Adif.
En otra línea de iniciativas, los diputados Elena Castillo y Diego Movellán denuncian en una pregunta escrita que el episodio supone “un nuevo golpe para los usuarios del ferrocarril en Cantabria”, aunque aseveran que los fallos afectarán también a las líneas de Asturias, País Vasco, Galicia, Murcia y Castilla y León.
“¿Cuándo tuvo constancia Renfe de las deficiencias observadas en el contrato de fabricación de 31 trenes de ancho métrico nuevo?”, interpelan los diputados. También preguntan “quién es el responsable de las deficiencias”, cómo y en qué fecha se enteraron Renfe y Adif del error, el “cronograma” original del proyecto, si habrá que modificar el valor del contrato, en qué fecha se le comunicó el problema al Gobierno de Revilla, así como información sobre las reuniones previas entre las empresas públicas o las previsiones actuales de entrega de los trenes.
Luzmasluz
Si el PP exige todo eso al Gobierno es porque sospecha que se trata de algo más que de un error de ingeniería... ¿Se equivocaron los ingenieros porque el Gobierno "quiso" que se equivocasen...? Supongo que los sabremos...