Sorpresa en la lista de nombres pactada por el Gobierno y el PP para renovar los órganos constitucionales. El acuerdo ha permitido a Pedro Sánchez cesar a la "bestia negra" del independentismo catalán en el Tribunal de Cuentas. La magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar, no seguirá en el órgano fiscalizador, cuyos consejeros, incluida la jueza Gante, estaban en funciones desde julio.
El Gobierno y el PP han dado a conocer el jueves a última hora los nuevos nombres para el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Tal y como estaba previsto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha quedado fuera del acuerdo, que han negociado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
El sacrificio de Mariscal de Gante allana el camino de Sánchez al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. Su salida era una reclamación del separatismo. Pero no ha sido la única gran novedad del gran acuerdo Gobierno-PP. Tal y como ha adelantado Vozpópuli, Podemos ha colocado en el Tribunal de Cuentas al abogado Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendivil Zorrilla, que representó al partido morado en el 'caso Neurona'. Este letrado defendió a Esther Val, imputada en el proceso sobre la consultora que contrató Podemos para el asesoramiento de la campaña electoral del 28 de abril 2019.
Fianzas a los líderes del 'procés'
Mariscal de Gante era la encargada de enjuiciar la eventual responsabilidad contable de 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por el presunto uso irregular de 5,4 millones de euros de fondos públicos para las denominadas embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) entre los años 2011 y 2017.
La jueza impuso esa misma cantidad como fianza a los dirigentes separatistas. Y hace apenas una semana, rechazó dos recursos contra el acta de liquidación y contra la decisión de preguntar a la Abogacía del Estado la idoneidad de los avales presentados por el Institut Català de Financies (ICF), dependiente de la Generalitat, para evitar los embargos.
El cese de la magistrada como integrante del Tribunal de Cuentas abre un interrogante sobre el pago de los 5,4 millones de euros por parte de los ex altos cargos de la Generalitat condenados. Y lo cierto es que las fuentes consultadas por este diario no aclaran qué nuevo miembro del organismo se hará cargo de este proceso abierto.
Así lo reconocen desde el Partido Popular, donde justifican la salida de Mariscal de Gante en la necesidad de hacer "una renovación completa" del organismo. Las mismas fuentes, además, destacan que la jueza fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar y que, por tanto, eso la descartaba para un nuevo Tribunal de Cuentas "sin políticos".
El PP y Sánchez, satisfechos
García Egea ha mostrado su confianza en que el nuevo Tribunal de Cuentas seguirá "esa lucha contra los que intentan malversar utilizando un imposible como la independencia de Cataluña". El secretario general de los populares ha destacado en Onda Cero que el nombramiento de Miguel Ángel Torres Morato, hasta ahora fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, asegura que el trabajo realizado por el equipo cesante se mantiene.
El acuerdo, por tanto, es considerado "positivo" por el PP pese a la marcha de Margarita Mariscal de Gante. Desde el partido reivindican además la elección de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como magistrada del Tribunal Constitucional. Es la primera vez, en 40 años, que los populares proponen a una mujer para ese cargo.
Además de Espejel, la juez Inmaculada Montalbán, un símbolo en la lucha contra la violencia de género y afín al PSOE; el letrado de las Cortes Enrique Arnaldo, próximo al número dos de Isabel Díaz Ayuso Enrique López; y el también juez de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel, próximo a Podemos, han completado la lista de nombramientos pendiente para el Tribunal Constitucional.
Gobierno y PP han elegido también a Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo. Gabilondo fue el nombre que siempre estuvo encima de la mesa y se ha mantenido incluso después de las elecciones en Madrid. La propuesta ha sido bien recibida especialmente en el PSOE de Madrid: "Se lo debía el partido". Muchos exaltos cargos del socialismo madrileño consideran a Gabilondo una víctima de la campaña del 4-M por las constantes injerencias de Moncloa. A Gabilondo le acompañará como adjunta la popular Teresa Jiménez Becerril.
El PP, inamovible con el CGPJ
Las negociaciones de las últimas horas se han centrado en cerrar un pacto para renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Y, aunque el Gobierno lo ha intentado, no ha logrado alcanzar también un acuerdo para la renovación del CGPJ.
Según explican a Vozpópuli fuentes del PP, el Ejecutivo ha sido el único en "mover" un acuerdo sobre el Poder Judicial que "no ha sido una opción real" en las conversaciones mantenidas por Bolaños y García Egea durante los últimos siete días.
Desde Génova 13 afirman que la posición del PP es "inamovible" y que solo sellará un pacto con el Gobierno para renovar el CGPJ si Pedro Sánchez acepta la aprobación de una ley que garantice que, a partir de estos nombramientos, sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de "procedencia judicial" del Consejo.
Los populares recuerdan que esa propuesta estaba recogida en la proposición de ley presentada el pasado mes de septiembre en el Congreso y que fue rechazada por PSOE y Unidas Podemos: "El contexto ha cambiado, y creemos que el Gobierno debería aceptarla. Si no quieren aprobar la nuestra, nos vale con que ellos lleven un texto con la misma iniciativa. Se lo aprobaríamos encantados".
Sobre los plazos para llegar a un acuerdo con Moncloa para la aprobación de esta ley y la renovación del CGPJ, los populares sitúan el balón sobre el tejado del Gobierno: "Ellos saben nuestras condiciones. Cuando ellos quieran aceptarlas, hablamos". En todo caso, admiten, ven "muy difícil" que se pueda alcanzar un pacto durante la tramitación de los Presupuestos.
