El magistrado José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP en la sentencia del caso Gürtel, ha acusado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionarlo de forma encubierta con la "expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses" por no haber aceptado su petición de reingreso en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez disfrutaba de una excedencia y participaba en la revisión en el Tribunal Penal Internacional (TPI) de la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.
Se da la circunstancia de que el reingreso al servicio activo del magistrado es requisito indispensable para que pueda aspirar a una plaza como vocal independiente al próximo mandato del CGPJ -el actual expira el próximo 4 de diciembre-, para lo que había presentado los preceptivos avales.
En un comunicado, De Prada afirma que su no renuncia al Tribunal Internacional "era la oportunidad" para impedir su reingreso a la Audiencia Nacional e impide además que pueda presentar su candidatura a la renovación del órgano, lo que socava su derecho de libre acceso a cargos públicos.
Según informó el órgano de gobierno de los jueces tras la reunión este jueves de su Comisión Permanente, la denegación del reingreso solicitado por De Prada se debe a que éste no ha aportado documentación justificativa de que deja su puesto en el TPI y tampoco ha acreditado el cese de la causa que determinó que el pasado mes de marzo se le declarara en "servicios especiales", puesto que aún no se ha dictado sentencia sobre Karadzic.
"Sanción encubierta del CGPJ"
Por su parte, el magistrado explica "por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas y con la Justicia Penal Internacional" su imposibilidad de renunciar al TPI, al que pertenece desde 2011. Añade que pese a ello manifestó escrito ante el CGPJ que ya no es necesaria su presencia "física" en la sede de este órgano en La Haya.
"Se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial", considera De Prada, que alude igualmente en su comunicado a la "lamentable situación de desentendimiento por parte del CGPJ de las obligaciones internacionales del Estado español para con los compromisos internacionales de colaboración con los Tribunales penales internacionales".
Señala además que ello afecta negativamente a la acción exterior del Estado, "cuya dirección le compete en exclusiva al Gobierno" y va directamente en contra de los compromisos de máxima colaboración adoptados por España con el propio tribunal internacional, "entre ellos con ocasión de la visita de su Presidente a la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la pertenencia de España a dicho Consejo de Seguridad".
