Francisco Álvarez-Cascos ha declarado esta mañana como testigo ante el tribunal de la Audiencia de A Coruña que juzga los daños medioambientales causados por el "Prestige", que provocaron la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. El exministro de Fomento ha asegurado que los daños causados por el accidente del petrolero "Prestige" en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas fueron "inevitables" y ha defendido las decisiones adoptadas por las autoridades marítimas españolas. Cascos sigue manteniendo la buena gestión de la catástrofe, pese a haber sido uno de los miembros más criticados del Gobierno de Aznar, entre otras cosas, por haberse ido de cacería con Manuel Fraga durante el mismo fin de semana que las costas gallegas se teñían de negro.
En su opinión, cualquier otra decisión que no hubiese sido la de alejar el barco habría tenido consecuencias "más graves, pese a que el vertido, más de 66.000 toneladas de fuel pesado altamente contaminante, anegó el litoral gallego, afectó a toda la costa del Cantábrico y llegó hasta Francia. Según el exministro de Fomento, en la gestión de la crisis del "Prestige" se aplicó el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, que data de 2001 y en el que está perfectamente "jerarquizada" la cadena de toma de decisiones.
Este protocolo establece que la responsabilidad última corresponde al director general de la Marina Mercante, puesto que en noviembre de 2002 ostentaba Jose Luis López Sors, el único ex alto cargo de la Administración española que se sienta en el banquillo de los acusados. Álvarez-Cascos ha insistido en su defensa de la gestión de la crisis y ha asegurado que desde la Administración española "se tomaron las decisiones más correctas sobre la base de las informaciones de los expertos".
El exministro de Fomento ha precisado que era informado puntualmente de la gestión de la crisis, pero ha insistido en que no formó parte de los órganos que adoptaron las decisiones "técnicas". "Si el ministro no tiene que adoptar decisiones técnicas, no tiene ningún sentido que se le consulten cuestiones técnicas", ha remarcado el exministro y expresidente del Principado de Asturias, quien, además, ha subrayado que todas las decisiones se tomaron desde el respeto a la legislación.
La culpa fue del barco, no de las autoridades españolas
Así, ha señalado que conoció la decisión de alejar el barco de la costa una vez adoptada. El exministro ha intentado evitar asumir responsabilidades al subrayar que la catástrofe medioambiental causada por el "Prestige" se debió a la "rotura de un barco que no tenía que estar navegando" y no a la gestión de las autoridades españolas que, ha insistido, "fue la más correcta" de la posibles y se ciñó siempre a la defensa de los intereses generales. "De las mojaduras no tienen la culpa los paraguas, sino el agua", ha apuntado el exministro para ilustrar la actuación de la Administración española en la crisis.
Además, ha defendido la decisión de no llevar el "Prestige" a un puerto refugio y al respecto ha recordado que esta medida fue apoyada por el director del Centro francés para el estudio de la contaminación de las aguas (CEDRE), Michel Girin, al que ha citado como "el máximo experto europeo" en contaminación marítima. Según Álvarez-Cascos, Girin avaló el proceder de España en la gestión de la crisis y puntualizó en un informe que no existía precedente, al menos que él conociera, de que se llevara un petrolero a puerto vertiendo carga.
Además del ex director general de la Marina Mercante, se sientan en el banquillo de los acusados el capitán del "Prestige", Apostolos Mangouras, y el jefe de máquinas del petrolero, Nikolaos Argyropoulos, ambos de nacionalidad griega. Para los tres acusados se piden penas de prisión que oscilan entre los 5 y los 12 años.
El Ministerio Fiscal reclama por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige' indemnizaciones por daños que suman 4.442 millones de euros.
